El líder socialista ha puesto en duda la capacidad de gestión del Gobierno autonómico y ha ofrecido al PSOE como alternativa para reconducir el rumbo de la legislatura.

En los meses previos a las elecciones municipales de mayo de 2023 ya se palpaba un clima raro en el ambiente cuando los vecinos comprobaron que concurrían cuatro candidaturas en un pueblo tan pequeño.

Se abrieron 16 centros de votación y no se ha registrado ningún incidente.

El documento concluye que no existe motivo de abstención por la participación de la esposa del concejal en una sociedad vinculada a los terrenos afectados.

Antonio Rodríguez Osuna ha expresado que "siente vergüenza" por la supuesta trama de mordidas por adjudicaciones públicas que implica al Partido Socialista.

Junto a su nombramiento, se ha comunicado que la portavocía adjunta será desempeñada por Sara Durán y la coordinación del grupo recaerá en Alejandro Mendoza.

Aunque el tribunal ha desestimado esta medida, el recurso interpuesto por LIBERUM sigue su curso por la vía ordinaria. Esto implica que se abrirá un plazo para que la parte recurrida presente sus alegaciones.

Además es la portavoz del grupo socialista del Ayuntamiento de Almendralejo, segunda teniente de alcalde y concejala de Régimen Interior y Administración Electrónica, Participación Ciudadana y Transparencia y Deporte en la corporación municipal.

El grupo denuncia el caos circulatorio en la ciudad: baches, cortes, estrechamientos, acumulación de gravilla y suciedad, lo que provoca que compradores de otras localidades hayan optado por no entrar en Navalmoral, limitándose a compras en la periferia.

VOX ha exigido que no se le reconozca la condición de diputado autonómico y ha solicitado la retirada del punto del orden del día relativo al juramento o promesa de acatar la Constitución y el Estatuto de Autonomía.

María Guardiola ha criticado que su entrada en la Asamblea haya sido fruto de una “maniobra torticera”, en referencia a la renuncia previa de una diputada autonómica y de otras cuatro personas en la lista electoral que precedían a Gallardo, lo que ha permitido su incorporación exprés como parlamentario.

Con la victoria de Silvia González, se renueva la estructura del partido en la capital pacense. El nuevo equipo estará presidido por Ángel Llinás Parra, con Alejandro Mendoza Rojas como secretario de organización.

La resolución, fechada este jueves, adelanta el procedimiento judicial antes de que Gallardo asuma su escaño en la Asamblea de Extremadura, lo que implicaría su aforamiento.

Gallardo ocupaba el puesto número 23 en la lista del PSOE por Badajoz en las elecciones autonómicas de mayo de 2023. En esos comicios, los socialistas lograron 16 escaños. Desde entonces, se ha producido un complejo "baile de sillones" para facilitar el acceso de Gallardo al parlamento regional.

La formación política intenta impedir que Gallardo cuente con lo que consideran un "privilegio judicial", y exige que todos los parlamentarios respondan ante la justicia en igualdad de condiciones que cualquier ciudadano.

El grupo municipal moralo critica que el concejal haya evitado debatir en el pleno sobre la seguridad ciudadana e incluso haya bromeado con ello y denuncian que es inviable el pago mensual de gratificaciones extraordinarias a la Policía Local.

La renuncia ha sido registrada oficialmente este lunes en la Asamblea, lo que activa los mecanismos necesarios para cubrir la vacante generada en el Grupo Parlamentario Socialista. 

El líder socialista, que ha sido investigado desde hace casi un año por la contratación del hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez, en la Diputación de Badajoz, será persona aforada y su causa deberá ser juzgada en el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura.

El nuevo concejal no adscrito ha pasado en un año de ser un hombre de peso en el entorno del secretario general regional, Miguel Ángel Gallardo, a dejar absolutamente todas sus responsabilidades políticas en el partido. 

Monica de Cáceres Rubio ha sito sentenciada a una pena de un año de prisión y la correspondiente inhabilitación. Además de tener que pagar una indemnización al ayuntamiento de 749 euros y asumir las costas del proceso judicial.