La compleja investigación que ha liderado la Policía Nacional y que ha culminado con 105 detenidos y la desarticulación de una organización que se dedicaba a la estafa y el blanqueo de capitales mediante el uso fraudulento de tarjetas de débito parece más un guión cinematográfico que una muestra de la realidad.
La operación se ha desarrollado durante casi 20 meses en estrecha colaboración con el Servicio Secreto de los Estados Unidos y se ha desarrollado de forma coordinada con Europol y las policías de Grecia, Austria, Dinamarca, Reino Unido, Alemania, Polonia, Ucrania, además de las autoridades judiciales y fiscales de la Audiencia Nacional Española, cinco fiscalías de Estados Unidos -Texas, Jacksonville, Miami, Providence y Boston- y cuatro fiscalías europeas -Alemania, Austria, Dinamarca y Grecia-.
La investigación ha sido dirigida por el Juzgado Central de Instrucción número seis de la Audiencia Nacional, que emitió 19 órdenes internacionales de detención e investigación a los países implicados en los que se han realizado las detenciones y registros y las detenciones se llevaron a cabo en tres fases, siendo la primera de ellas la más importante y en la que se produjeron todas las entradas y registros realizadas tanto en España como en Grecia, Austria y Dinamarca, así como la detención de 36 personas ese mismo día.
Para ello se estableció un centro de coordinación y mando en Badajoz, en la sede de la Jefatura Superior de Extremadura, compuesto por miembros de la Policía Nacional y once integrantes del Servicio Secreto de los Estados Unidos destinados en España junto a otros procedentes de la sede del servicio secreto en Washington. Desde ese centro de operaciones se lideró y coordinó toda la acción operativa y se estableció un canal directo de comunicación con otros cuatro centros de mando instalados en Washington, Atenas, Austria y en la sede de Europol. Asimismo, investigadores de la Policía Nacional se desplazaron a Grecia y Austria para coordinar y realizar in situ detenciones y registros domiciliarios.
La organización criminal eligió España como lugar para perfeccionar el fraude. En 2017 asentaron su base de operaciones en el municipio guipuzcoano de Mondragón y posteriormente cambiaron su ubicación a la localidad pacense de Alange, donde alquilaron un hotel para establecer en él su centro de operaciones. Sin embargo surgieron desavenencias con los propietarios del establecimiento y se vieron obligados a desplazar el núcleo duro de la organización al Hotel El Cortijo de Miajadas, donde llevaban dos años operando. Este establecimiento mantenía abierta al público su cafetería para no levantar sospechas de inactividad, pero en él se refugiaban los principales miembros de la organización así como otros socios griegos que acudían temporalmente a España a realizar alguna gestión relacionada con el fraude.
Los responsables policiales han explicado hoy que «Extremadura se encontraba ya quemada», por lo que se encontraban en proceso de abrir otra sede de operaciones en un lujoso hotel de la región de Grän (Austria) y otro en la isla de Mikonos (Grecia). Durante el tiempo que desarrollaron su actividad delictiva en esta comunidad autónoma lograron convencer a más de 120 comercios, la mayoría de esta comunidad autónoma, pero también de muchas otras, que se prestaban a cederles sus datáfonos y sumar ingentes cantidades de dinero de las que el dueño se quedaba con un 15 por ciento de comisión y se veía obligado a entregar a la organización el 85 por ciento restante.
Los miembros de la organización tenían sus propios mecanismos para controlar todas las empresas y cuentas bancarias abiertas en Estados Unidos y los países de Europa en los que operaba, haciendo uso de la violencia si era necesario para reconducir a las personas que desaprobaban las líneas marcadas por los líderes del grupo. Uno de estos episodios de violencia lo sufrió uno de sus miembros cuando detectaron que se había quedado con una parte del dinero obtenido superior a la comisión acordada. Varios miembros del clan le secuestraron, lo llevaron al hotel que les servía de refugio, le pidieron explicaciones y le propinaron una paliza y varias puñaladas, aunque los hechos nunca fueron denunciados.
Además, contaban con testaferros que les proporcionaban empresas pantalla. De este modo obtenían una aparente estabilidad temporal y las utilizaban como contenedor bancario del dinero que los conniventes “devolvían” a la organización. Desde esas cuentas redistribuían posteriormente el dinero a otras muchas cuentas bancarias controladas por la organización en Europa y EEUU. Dentro del entramado se encontraban también varias personas que realizaban funciones de “gestoría”, confeccionando las facturas fraudulentas y la contabilización de porcentajes. Estas personas, además, facilitaban sus cuentas bancarias y las de sus empresas para repartir el dinero y dificultar su recorrido hasta que llegase nuevamente a la organización criminal. Finalmente, recibían el asesoramiento de varios trabajadores de entidades bancarias quienes les informaban sobre cómo y cuándo realizar las preautorizaciones y liberaciones de las operaciones con tarjeta, además de alertarles en caso de que el departamento de control de fraude o blanqueo de capitales fiscalizase sus cuentas.
La organización ha logrado estafar a más de 30 entidades bancarias americanas extendiendo su actividad por numerosas provincias como Badajoz, Cáceres, Madrid, Toledo, Ávila, Salamanca, Valladolid, Zamora, Álava, Guipúzcoa, Barcelona, Gerona, Castellón, Valencia, Alicante, Murcia, Almería, Granada, Jaén, Córdoba, Málaga, Cádiz, Sevilla y Huelva, pero también internacionalmente en países como Estados Unidos, Grecia, Austria, Dinamarca, Reino Unido, Ucrania, Rumanía, Polonia, Bélgica, Turquía, Portugal, Francia, Holanda, Letonia y Alemania.
