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A nadie se le escapa que el curso académico que comienza va a resultar harto complicado y sujeto a múltiples dificultades. En estos tiempos de epidemia, es una obviedad que las consecuencias pueden ser catastróficas, que además cualquiera lo ve venir en la distancia sin ser un erudito…todos excepto las administraciones educativas que siguen negando la realidad hasta un extremo delirante. No voy a calificar esta dejadez de funciones (porque realmente es lo que está pasando) en términos jurídicos porque no tengo constancia de que se incumpla delito alguno desde un punto de vista legal, aunque sí me atrevo a tildar el despropósito en el que nos encontramos como un atentado directo contra la ética y la moral profesional y humana.

El día 1 de septiembre los docentes extremeños fuimos llamados a nuestros centros; quedaban pendientes las tareas de finalización del curso 2019-2020 y el comienzo y la planificación para el siguiente ejercicio que comenzamos a partir de la semana que viene. Todos los compañeros nos incorporamos a nuestros destinos con una cierta incertidumbre, no con miedo (al menos en mi caso), pero sí preocupados por lo que se nos viene encima. No obstante, y dado el cierto optimismo que es propio de mi naturaleza, siempre pensé que todos los mensajes catastrofistas que veníamos escuchando desde diversas fuentes, dada la inexistencia de un plan general de educación para estas nuevas circunstancias (excluyo la instrucción utópica de vuelta a las actividades docentes que se publicara en el mes de julio), al final quedaría resuelto con una hoja de ruta segura y fiable, aunque fuese publicado con nocturnidad y alevosía: mejor eso que nada porque, entre otras cosas, los docentes nos estamos acostumbrando a adaptarnos de forma rápida a los cambios imprevistos que vienen dados por estos tiempos distópicos del COVID.

Nada más lejos de la realidad: arrancamos curso como lo finalizamos. No existe un plan que garantice la seguridad y la salud de la comunidad educativa sino un “arranquemos como si no pasara (casi) nada y luego ya veremos que ocurre”. Cuesta comprender que nos encontremos en este escenario y que esa sea la decisión que se ha tomado (mejor dicho, la ausencia de decisión), propio de un país tercermundista, pero es la realidad palmaria.

Y voy a hablar de hechos concretos, de una realidad que bien conozco porque estoy inmerso en ella, el ámbito de la Formación Profesional, la hermana pobre del sistema educativo, también en los tiempos de pandemia. La FP pareciera no existir para las cabezas pensantes que dirimen nuestros designios dentro de la Consejería de Educación, y en concreto de la Dirección General de Formación Profesional. Al menos es la conclusión que uno puede extraer cuando comprueba que se siguen manteniendo las mismas condiciones de trabajo pre-pandemia, con la salvedad de la mascarilla, y en según qué circunstancias (si las instalaciones de los centros lo permiten), las distancias de seguridad, porque las ratios no se han reducido y los desdobles de grupos tampoco existen.

Hablo de datos reales (de mi centro): mantenemos el cupo máximo de alumnado, 30 alumnos por grupo que empezaremos a recibir a partir del doce septiembre, todo en las mismas condiciones que antes, es decir, unos laboratorios relativamente amplios, pero con una atmósfera de condensación que está llamando a gritos a las partículas víricas en suspensión.

La única medida extraordinaria que se ha planteado por si las cosas “marchan mal” (que alguien nos explique qué significa eso) es la semipresencialidad, es decir rotación de alumnos en días alternos (una solución razonablemente buena), si bien no es la opción con la que empezamos. ¿Será que están esperando nuevos brotes en los centros educativos para tomar decisiones razonables con una cierta previsión? ¿Es ese el sentir y parecer de la administración, el ir siempre tarde y mal?

Sea como fuere, lo cierto es que, a día de hoy, lo que está previsto es que la semana que viene recibamos a los alumnos en los términos del año pasado, y luego, ya veremos. Espero que en estos días que quedan hasta que dé comienzo el curso, los que tienen que tomar decisiones, recapaciten, tomen consciencia real y práctica visitando a los centros educativos (comprendo que en los despachos se está muy cómodos y seguros, pero hay que visitar la trinchera) y enmienden este despropósito. Hago un llamamiento en este sentido desde esta columna.

La impotencia que sentimos todos los compañeros de esta etapa (me consta que es  una generalidad para todo el sistema pero yo estoy hablando desde mi propia experiencia), es el de un abandono estrepitoso por parte de nuestra propia administración, la cual entiende, que la comunidad educativa en este caso de la FP, o bien está superinmunizada, o directamente no se han enterado de nada o no han querido enterarse (¡después de seis meses!), que es obviamente la idea que todos sostenemos. Y que conste que entiendo (relativamente) que las altas instancias no dispongan de una visión realista de la manera de proceder en nuestro proceso de Enseñanza-Aprendizaje, pero lo que no acabo de comprender es, entonces, que utilidad pueden tener la ristra de asesores que se suponen ayudar a los que tienen que tomar decisiones al respecto.

Yo invito a que a partir del día 12 de la semana que viene, todos estos responsables se vayan acercando a los centros y comprueben cómo de temerario es lo que se está proponiendo. Dicha invitación la extiendo a toda la sociedad en general, que venga a comprobar en qué condiciones vamos a arrancar el curso académico y que luego cada uno extraiga las conclusiones que considere oportunas.

Mientras, nosotros los docentes, seguiremos estando ahí, en primera línea de batalla, sufriendo como tantos otros colectivos (soy muy consciente de ello) las consecuencias de una deplorable gestión ante un desafío sanitario, social y económico sin precedentes, que conviene denunciar día sí y día también porque todo lo que no se dice no existe.

Adrián Tejeda Cano. Profesor de Sanitaria en el IES CASTELAR de Badajoz.


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