LUCÍA SEMEDO 

 

El Tribunal de Justicia de Extremadura ha dispuesto que el Ayuntamiento de Plasencia tendrá que pagar a los propietarios de los terrenos expropiados de las huertas de La Isla el total del justiprecio de 24,1 millones de euros y los intereses devengados, que ascienden a 12 millones de euros. En cuanto a los intereses, se ha establecido un periodo de dos años de negociaciones entre el consistorio y los propietarios para llegar a un acuerdo en los métodos de pago y uno de diez años para efectuarlo.  

Los intereses de demora generados hasta la fecha, según ha hecho público el TSJEx este miércoles, se pagarán en cuotas mensuales a partir de enero de 2018 en un periodo de diez años.

El Tribunal ha indicado que los propietarios no están manifestando una actitud contraria al principio de lealtad ya que “la alteración que se ha producido en su posicionamiento, al exigir ya sin ningún condicionamiento el abono total de los intereses de demora generados, tiene su razón de ser en un cambio trascendente en las circunstancias".

Esto hace referencia a la opción de cumplimiento íntegro de las sentencias mediante el compartimento los Fondos de Ordenación e Impulso Económico 2015 y 2016 al percibirse “riesgo financiero” en las arcas municipales.

Según la Sala, “las razones por las que el consistorio sólo se ha adherido al fondo respecto de la cantidad adeudada en concepto de justiprecio imaginamos que se basaban en la esperanza de que, cobrado el principal, los propietarios mostrarían su conformidad, en el seno del proceso negociador, a la renuncia, bien total o parcial, a los intereses, pero no ha sido el caso". La defensa de los propietarios, por su parte, ha indicado “no rechazar absolutamente la posibilidad de cobrar en suelo el importe por intereses de demora”.

De esta forma, el TSJEx ha establecido un periodo de tiempo de dos años con el fin de permitir “acometer con sosiego la negociación imprescindible” para que tanto el ayuntamiento como los propietarios se pongan de acuerdo en el pago de esta cifra. En ese tiempo se podrá negociar la entrega de solares concretos, dotando de tiempo al Ejecutivo local para realizar las actuaciones precisas. A partir de 2018 comenzará a llevarse a cabo el pago con carácter mensual.

El Tribunal ha indicado que han atendido a las exigencias del Plan de Ajuste para establecer este periodo con el fin de minimizar el trastorno para la Hacienda local y ha reconocido el “enorme esfuerzo que la corporación local y toda la ciudadanía van a tener que realizar para cumplir con las obligaciones derivadas de la decisiones tomadas en su día".