El Gobierno de Extremadura ha entregado durante esta legislatura 18 viviendas de promoción pública a otras tantas familias que perdieron su hogar tras sufrir problemas económicos que han derivado en una ejecución hipotecaria a instancias del banco.

Ello está siendo posible gracias a la campaña de inspección del parque de 14.270 viviendas públicas que está realizando la Consejería de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Turismo. El objetivo es detectar disfuncionalidades en su uso de cara a recuperarlas y readjudicarlas a ciudadanos que las necesitan. Hasta la fecha se ha detectado que un 10% de ellas no están ocupadas, lo están de forma ilegal o acogen actividades antisociales.

El Ejecutivo extremeño ha recuperado desde finales de 2011 un total de 193 viviendas públicas a las que sus adjudicatarios iniciales no estaban dando un uso legal. Todas ellas han sido readjudicadas de forma directa a personas en situación de urgente y extrema necesidad.

El consejero de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Turismo, Víctor del Moral, asegura no entender cómo es posible que portavoces de la denominada Plataforma de Afectados por la Hipoteca critiquen en los medios de comunicación la actuación de la Administración autonómica, cuando la política social que se está desarrollando va encaminada, en este caso, a "dar un hogar a quienes se han quedado sin él por no poder pagar la hipoteca al banco".

"Nuestra responsabilidad como administración es no permitir que las viviendas públicas estén en manos de personas que hacen mal uso de ellas y entregarlas a familias que realmente las necesitan", ha explicado Del Moral.

"Estamos detectando que hay pisos que no estaban ocupados habitualmente, en otros existe una falta reiterada de pago, e incluso hay casas en las que se ejercen actividades inapropiadas", indica el máximo responsable autonómico de Vivienda. Por ello, recalca, "se está trabajando intensamente para solucionar estas disfunciones".

INSPECCIÓN DEL PARQUE DE VIVIENDAS

La Dirección General de Arquitectura y Vivienda está desarrollando en estos momentos un intenso trabajo de inspección del parque regional de viviendas de promoción pública, que asciende a 14.270 casas. De ellas se ha chequeado, al cierre de agosto, el 63%.

El resultado de las inspecciones revela por ahora que un 8,07% de las viviendas visitadas están desocupadas, un 4,97% están habitadas por personas que no pueden acreditar su titularidad y un 1,13% están ocupadas ilegalmente. Un 2,55% de las casas carecen de agua corriente y el 2,58% no tienen luz. Por último, en el 0,57% de ellas se ejercen conductas antisociales, según informaciones contrastadas ofrecidas por los vecinos.

DESAHUCIOS

En 2012 se ejecutaron 44 procesos de lanzamiento: 17 en Cáceres, 14 en Badajoz, 6 en Mérida, 2 en Plasencia y 5 en otros municipios de la provincia cacereña. De ellos, 38 fueron desahucios y 6, entregas voluntarias por parte de los adjudicatarios.

En 2013 se han ejecutado hasta la fecha 25 desahucios: 10 en Cáceres, 3 en Badajoz, 2 en Moraleja y 10 en diferentes municipios de la provincia de Badajoz.

El Gobierno de Extremadura ha tenido que realizar una inversión aproximada de 700.000 euros para acondicionar estas 69 viviendas recuperadas antes de ser entregadas a los nuevos moradores.

LOS ÚLTIMOS CASOS

La Consejería de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Turismo, en estrecha colaboración con la Delegación del Gobierno, ha ejecutado esta semana las últimas cinco resoluciones judiciales de desahucios de viviendas de promoción pública. Han tenido lugar en la calle Juan García García, en el barrio cacereño de Aldea Moret.

Los cinco pisos no estaban siendo destinados por los adjudicatarios a domicilio habitual y permanente, como establece la legislación. De hecho, en cuatro de los casos, cuando se ha accedido a las viviendas con la correspondiente orden judicial, no había nadie en el interior de ellas. En una de las viviendas estaban unos sobrinos de la adjudicataria, quienes abandonaron la vivienda al ser invitados a ello.

Se daban casos sangrantes como que una de las desahuciadas tiene su domicilio habitual en Palma de Mallorca. Otro adjudicatario y su familia, que no residían en el inmueble, utilizaban el piso como almacén de muebles. Una tercera vivienda estaba en pésimo estado de conservación puesto que los ocupantes se habían llevado el aluminio y toda la instalación eléctrica.

Estos cinco últimos desahucios, como todos los puestos en marcha por el Gobierno de Extremadura, han sido debidamente autorizados por la autoridad judicial, se han desarrollado sin incidentes y suponen la finalización del expediente de desahucio.