Izquierda Unida-Mérida ha reclamado al ayuntamiento de la ciudad que tome medidas para proteger a los ciudadanos perjudicados por la quiebra de la constructora Arprosa, para lo cual propuso que ponga a su disposición los servicios jurídicos municipales así como instrumentos de orientación e información a través de la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC), sobre los pasos a seguir en estas circunstancias.
Y es que, según señala IU-Mérida, la quiebra de esta constructora ha provocado que más de cien familias "se encuentren en riesgo de perder todo el dinero invertido en la adquisición de viviendas cuya construcción estaba a cargo de dicha empresa" que, tras declararse en concurso de acreedores, no se ha dirigido a sus clientes para aclarar qué ocurrirá con las viviendas inacabadas, ni con el dinero ya aportado por sus clientes.
Ante esta situación, Izquierda Unida-Mérida considera "absolutamente necesario" que el equipo de gobierno articule los servicios necesarios para defender los derechos de los ciudadanos afectados, que se encuentran en "una situación de indefensión que las autoridades municipales no pueden pasar por alto".
Así, IU-Mérida realizó un llamamiento a la Junta de Gobierno Local y a los miembros de los grupos municipales del PSOE y el PP para que, "en la medida de lo posible, se tomen las medidas oportunas para salvaguardar los derechos de los ciudadanos perjudicados".
En opinión de IU, "la relación de los poderes públicos con los ciudadanos no puede limitarse a la mera prestación de bienes y servicios, sino que son las administraciones públicas, los principales agentes interesados en la protección y garantía de los derechos de los ciudadanos", concluye.
