Este lunes, David Sánchez acudió a la Sección 1 de la Audiencia Provincial de Badajoz para recibir en persona la citación judicial.

El proceso judicial analizará las circunstancias en torno a la creación y adjudicación del puesto que ocupó Sánchez en la institución provincial.

El procedimiento se enmarca en la causa abierta por presuntos delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias relacionados con su contratación en la Diputación de Badajoz.

La Audiencia Provincial deberá determinar si en la contratación de David Sánchez como jefe de la Oficina de Artes Escénicas de la Diputación de Badajoz se produjeron actuaciones contrarias a la legalidad y si existió una influencia indebida en el proceso administrativo.

En su resolución, el TSJEx reconoce que algunas expresiones empleadas en resoluciones anteriores podrían resultar poco afortunadas, aunque subraya que no implican la existencia de un criterio previo sobre la culpabilidad o inocencia de los acusados.

El escrito señala que los magistrados José Antonio Patrocinio Polo, Emilio Francisco Serrano Molera y María Dolores Fernández Gallardo ya intervinieron en decisiones clave durante la fase de instrucción.

Según la diligencia de señalamiento emitida este viernes, las sesiones comenzarán a las 10.00 horas y podrán extenderse por la tarde a partir de las 17.00 horas en la sede de la Audiencia Provincial.

Miguel Calderón, director de orquesta y profesor del Conservatorio Superior de Badajoz, cuenta con una amplia trayectoria en el ámbito de la interpretación y la dirección musical.

El tribunal ha desestimado los recursos presentados por los once procesados, entre ellos el secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, contra la decisión de la jueza instructora de elevar la causa a juicio.

La jueza del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz, Beatriz Biedma, firmó una decisión por la que se cambió el tipo de investigación judicial que se estaba llevando a cabo desde junio de 2024, a raíz de una denuncia de Manos Limpias.

Le ha requerido que notifique en un plazo de 48 horas cualquier cambio de domicilio, presente o futuro, respecto al que figura actualmente en el procedimiento, localizado en Elvas, Portugal.

Las asociaciones denuncian las “presiones externas”, el “hostigamiento personal” y los “intentos de deslegitimar” la labor de la jueza.

La denuncia recoge transcripciones de audios difundidos recientemente por diversos medios, en los que Díez mantendría conversaciones orientadas a desprestigiar a jueces y fiscales implicados en la investigación.

María Guardiola ha criticado que su entrada en la Asamblea haya sido fruto de una “maniobra torticera”, en referencia a la renuncia previa de una diputada autonómica y de otras cuatro personas en la lista electoral que precedían a Gallardo, lo que ha permitido su incorporación exprés como parlamentario.

Gallardo llega al hemiciclo regional tras la renuncia de cinco compañeros, como informó Radio Interior. Lo cierto, es que aún no ha jurado el cargo, hecho que está previsto tenga lugar en el próximo pleno, es decir, el día 29 de mayo.

La resolución, fechada este jueves, adelanta el procedimiento judicial antes de que Gallardo asuma su escaño en la Asamblea de Extremadura, lo que implicaría su aforamiento.

Los de Abascal en Extremadura proponen acabar con el aforamiento que, posiblemente adquiera el Secretario General del Partido Socialista en Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, tras la toma de posesión como diputado regional, prevista para el próximo 29 de mayo. 

Se da la circunstancia de que horas antes, se conocía que la acusación popular pedía tres años de prisión por los delitos continuados de tráfico de influencias, prevaricación administrativa y nombramiento ilegal.

Además, la acusación popular ha demandado que el hermano de Sánchez devuelva los salarios obtenidos de su cargo en la Oficina de Artes Escénicas de la Diputación de Badajoz, puesto que ocupó entre el mes de junio de 2017 y el de febrero de este año.

La defensa argumenta que el derecho a una defensa efectiva se ha visto comprometido por la falta de acceso a ciertas diligencias, en concreto a las declaraciones prestadas durante la instrucción.