El Gobierno de España dejó caducar en su día el expediente de declaración de impacto ambiental del tramo del tren de alta velocidad comprendido entre Talayuela y Toledo, provocando un nuevo retraso en las obras de ejecución, según desvela el informe de seguimiento de la situación del ferrocarril Badajoz-Madrid que ha encargado el Club Senior de Extremadura a un comité de expertos.

La demora en la tramitación y aprobación de los estudios de impacto ambiental ha sido, aunque no el único, uno de los grandes problemas que ha contribuido a retrasar las obras del tren de alta velocidad en el trazado comprendido entre Madrid y Badajoz.

El estudio recuerda que en su informe anterior ya advirtió que se debían hacer los trámites técnicos y administrativos de este tramo castellano-manchego (Talayuela-Toledo) del nuevo ferrocarril de Extremadura para garantizar que no volviera a caducar la declaración de impacto ambiental. Además, los expertos que han elaborado el informe pusieron de manifiesto que «es obligado recuperar en la medida de lo posible, algo de los 17 años perdidos negligentemente».

El equipo redactor del informe encargado por el Club Senior de Extremadura lo integran el doctor en Sociología especializado en Planificación Regional, Ricardo Díaz Zoido; los ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, Norberto Díez González y Antonio González Jiménez, así como el ingeniero industrial José Marcelo Muriel Fernández.

Los cuatro ponentes del informe consideran que, con «unos plazos realistas y razonables» podría pensarse en alcanzar el reto de completar el tren de altas prestaciones en Extremadura antes de 2030.

Los expertos explican que para agilizar la puesta en marcha del nuevo tren, el proceso de información pública, hasta el envío de toda la documentación a Medio Ambiente, debería realizarse en 4 meses, teniendo en cuenta que no puede haber grandes diferencias en las alegaciones del 80% del tramo ya aprobado anteriormente. Asimismo indican que el plazo para la presentación de alegaciones al estudio informativo finalizó en febrero de 2021 y pese a que han transcurrido 8 meses, aún no se ha remitido el expediente al Ministerio de Medio Ambiente para su evaluación ambiental.