El Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura ha aprobado este martes un nuevo decreto ley por el que se establece un programa de ayudas para la reactivación empresarial tras la crisis provocada por el cierre temporal de establecimientos y descensos de facturación durante la pandemia.

Se trata  de ayudas que se tramitarán en régimen de concesión directa y sin convocatoria, para prestar apoyo económico a las pymes con independencia de cuál sea su forma jurídica, incluidos autónomos, pero serán para atender necesidades de liquidez o de capital circulante para que la empresa pueda operar y atender sus pagos y sólo para aquellas que tengan un mínimo de tres empleados.

El presupuesto global de crédito existente para estas ayudas asciende a 10 millones de euros que, en su conjunto, serán financiados con fondos FEDER. Esta norma modifica el decreto ley 9/2020, de 8 de mayo, que estableció  medidas extraordinarias para el sostenimiento del empleo y la reactivación del mercado de trabajo, así como ayudas para autónomos y micro-pymes con el objetivo de reactivar la actividad económica

Podrán optar a la convocatoria las pymes con centro productivo en Extremadura, incluidos autónomos, que se hayan visto afectadas por la Covid-19, que cuenten con al menos una plantilla equivalente a tres trabajadores asalariados a jornada completa por considerar que estas son las que están soportando una mayor carga de gastos fijos estructurales y de carácter laboral y precisan más de recursos económicos para paliar el déficit provocado por la caída de las facturaciones.

Para calcular la caída de la facturación provocada por la  pandemia será necesario haber consignado en los tres primeros trimestres del año un 50 por ciento menos respecto a la cifra de ese mismo periodo en 2019.

Por otro lado la disposición final primera de este decreto ley contiene la modificación del decreto ley 9/2020, de 8 de mayo; en concreto se modifican los capítulos  I y II, dedicados, respectivamente, a la subvención a la Sociedad de Garantía Recíproca de Avales y al establecimiento de un programa de ayudas para facilitar el acceso a la liquidez para autónomos y pymes para afrontar los efectos económicos negativos del COVID-19.

Los cambios introducidos obedecen a la persistencia e intensidad de los efectos de la crisis sanitaria causada por la Covid-19, por lo que las necesidades económicas de las empresas se han visto extendidas en el tiempo, por encima de las previsiones efectuadas que contemplaban que las operaciones subsidiadas pudiesen formalizarse hasta el 31 de diciembre de 2020.

Ante la prolongación en el tiempo de los efectos de la crisis sanitaria, se considera necesaria la ampliación del límite de formalización de las operaciones durante un plazo mayor, fijándose tal límite en el 30 de junio de 2021.