La organización agraria UPA-UCE Extremadura ha asegurado que se están encontrando en lineales de supermercados ciruelas de 35 milímetros de diámetro, un calibre inferior al mínimo que se le exige a los agricultores para pagarles el producto que entregan en las centrales hortofrutícolas.

De esta forma, mientras que los agricultores no cobran nada por esta producción «inútil» por su pequeño tamaño, ya que a estas alturas de la campaña el mínimo exigido está en 45 milímetros, en los supermercados la han encontrado a 2,59 euros el kilo, lo cual consideran un «fraude» al agricultor, que además se ven doblemente afectados porque esta práctica perjudica a la comercialización de la fruta de mayor calidad.

Así lo ha puesto de manifiesto este miércoles el secretario general de UPA-UCE Extremadura, Ignacio Huertas, en una rueda de prensa en Mérida, en la que ha pedido al Ministerio de Agricultura que prohíba la comercialización de estos calibres que al agricultor no le pagan «porque no sirven» y después se los encuentran a la venta en el supermercado.

Asimismo, desde la organización agraria han instado a los fruticultores a no «dejarse engañar» por las centrales de fruta que están actuando «más como piratas que como empresarios», tratando además de bajar los precios de entrega a los productores de ciruela, que es el cultivo más afectado por esta situación, alegando los problemas de exportación hacia países como Brasil, que actualmente tienen cerradas sus fronteras a la fruta española.

En este sentido, ha señalado que el 92 por ciento de la fruta de hueso que exporta España tiene como destino la Unión Europea, y además, las 16.000 toneladas que importó Brasil la pasada campaña ya están compensadas por la caída de la producción que se espera este año, entre otras razones, por la supresión de 2.000 hectáreas de ciruelos el año pasado.

Una caída en la producción prevista en toda la Unión Europea, con países como Italia que llegan al 35 por ciento, mientras que en España se sitúa en el 16 por ciento, una cifra que es mayor en el caso de Extremadura, y que Huertas ha cifrado en torno al 25 y el 30 por ciento.

Por tanto, con una menor producción, y un incremento de las exportaciones a otros países, desde UPA-UCE consideran que la situación de países que mantienen sus fronteras cerradas por el Covid no justifican un descenso en el precio que deben recibir los productores de fruta de hueso por sus producciones.

SANCIONES MÁS DURAS

Por otro lado, Huertas ha advertido que este año van a vigilar el cumplimiento de las modificaciones introducidas en la Ley de la cadena alimentaria, entre ellas que los precios deben al menos cubrir los costes de producción, así como un aumento de las sanciones a las centrales hortofrutícolas, que han pasado de 3.000 hasta los 600.000 euros en el caso de las más graves.

En este sentido, ha señalado que las denuncias presentadas el pasado año en la región han acabado con la apertura de siete expedientes a cinco centrales hortofrutícolas por parte de la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), dependiente del Ministerio de Agricultura, y ha advertido que a partir de este año, harán públicos los nombres de las empresas que sean sancionadas.

Por otro lado, ha criticado que los agricultores no sepan el precio que van a recibir por sus cosechas de fruta de hueso hasta después de «seis o siete meses» desde la fecha de entrega.

Finalmente, preguntado sobre la mano de obra en la actual campaña, ha señalado que se está desarrollando «con normalidad», eso sí, adoptando todas las medidas de prevención frente al coronavirus, y que el principal problema al que se enfrentan los agricultores es el de los precios.