MÓNICA PASCUAL – MÉRIDA

La Junta de Extremadura va a impulsar en la presente legislatura una nueva reforma del Estatuto de Autonomía con el objetivo de suprimir el aforamiento de los cargos públicos para sus asuntos particulares, así como para facilitar a la ciudadanía la presentación de la iniciativa legislativa popular (ILP).

Así lo ha avanzando la vicepresidenta primera y consejera de Hacienda y Administración Pública, Pilar Blanco Morales, en su intervención en la sesión conjunta de las comisiones de Hacienda y Presupuestos y la de Administración Pública de la Asamblea de Extremadura, en la que ha comparecido a petición propia para exponer las líneas de actuación de su departamento en la presente legislatura.

Una intervención en la que ha anunciado esta reforma del Estatuto que, según ha señalado, tiene el "afán de dignificar el ejercicio de la política y de acercarla a los ciudadanos". Por ello, se pretende suprimir los aforamientos para asuntos particulares, es decir, para aquellos que no están relacionados con el desempeño del cargo público.

Por otro lado, se pretende facilitar la presentación de las Iniciativas Legislativas Populares, ampliando asimismo el ámbito de las materias sobre las que versan.

La vicepresidenta extremeña ha ofrecido la "lealtad constitucional" de la Junta con el Gobierno de la nación respecto al cumplimiento de los objetivos de estabilidad, dada la "importancia" de contar con unas cuentas saneadas para el sostenimiento del estado del bienestar, ha dicho, pero también ha exigido que esta fidelidad se vea correspondida por parte del Ejecutivo central hacia la comunidad autónoma.

CORRESPONDENCIA HACIA EXTREMADURA

Una correspondencia que pasa por el cumplimiento del Estatuto de Autonomía en cuanto a dos cuestiones que siguen "abiertas", como son el pago de la deuda histórica y las inversiones complementarias en infraestructuras de al menos el 1 por ciento del PIB regional.

Dos asuntos aún "pendientes de solución" sobre los cuales, ha advertido, la comunidad "no va a ceder", y que por tanto "reclamará las sumas" que vienen recogidas en el Estatuto, porque, ha señalado, "Extremadura merece y necesita este trato diferencial" para que el esfuerzo de las empresas, trabajadores y ciudadanos extremeños no se vean lastrados por las carencias del pasado.

NUEVO MODELO DE FINANCIACIÓN

Otra de las cuestiones que su departamento deberá afrontar en los próximos cuatro años será la negociación del nuevo modelo de financiación autonómica, para la cual la consejería ha incorporado, entre sus novedades en esta legislatura, una dirección general específica que asume también la gestión de los fondos europeos.

En este contexto, el Ejecutivo extremeño mantiene los mismos principios que viene defendiendo en los últimos años, y que pasan por un nuevo modelo que tenga una "íntima conexión" con un sistema tributario "equitativo" que evite el "dumping fiscal" entre las comunidades autónomas, para acabar con el "riesgo de deslocalización de personas y de empresas por razones fiscales".

Por todo ello, ha avanzado que en la próxima negociación Extremadura abogará por homogeneizar los tributos cedidos para "poner coto a la competencia fiscal a la baja, cuyos únicos resultados ciertos son la desigualdad, que es la carcoma de nuestra sociedad", ha señalado.

Blanco-Morales ha defendido su gestión durante la pasada legislatura, que acabó en 2018 con el cumplimiento de los objetivos de estabilidad, así como ha señalado que el gasto social en la comunidad ha recuperado los niveles de antes de la crisis, todo ello tras reducir en 465 millones el déficit desde 2015.

Entre los objetivos marcados por la consejera dentro de su departamento se encuentran la modernización digital de la administración, así como el consenso con el resto de fuerzas políticas para las cuestiones "decisivas" para la comunidad, y el mantenimiento del "diálogo social" con los representantes de los trabajadores.

Finalmente, en el ámbito de la función pública, ha señalado que esta legislatura se darán "nuevos pasos" en la conciliación de la vida laboral y familiar de los empleados públicos, la implementación de la carrera profesional y la "agilización" de las oposiciones.

"ESTADO DE EXCEPCIÓN" DE LAS CUENTAS

El portavoz de Hacienda del Grupo Parlamentario Popular, Luis Alfonso Hernández Carrón, ha señalado que las cuentas extremeñas se encuentran en "estado de excepción" debido al "agujero" que suponen los 273 millones de déficit acumulados en lo que va de año, y que según ha señalado se traducirán en "más deuda y más recortes".

En este sentido, ha pedido a la consejera que explique las "correcciones" que la Administración autonómica tendrá que aplicar a las cuentas autonómicas y cómo afectarán estas al próximo presupuesto autonómico de 2020.

Por otro lado, ha criticado que mientras el ejecutivo autonómico de Fernández Vara mantiene una "relación epistolar" con el Gobierno central, otras regiones gobernadas por los socialistas ya han levantado la voz contra la "relación bilateral" que ha mostrado hacia la Comunidad Valenciana, tras el compromiso de adelantar a esta región 250 millones de euros de una financiación autonómica paralizada y con la que Pedro Sánchez "chantajea" a la oposición para que apoyen su investidura.

Por su parte, el portavoz 'popular' de Administración Pública, Juan Luis Rodríguez, ha preguntado a la consejera cuánto costará a los extremeños el incremento de 5 a 9 las consejerías en esta legislatura, y que los altos cargos, sin contar los de otros entes y empresas públicas, hayan pasado de 40 a 50.

El diputado del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, José María Casares, por su parte, ha criticado que los extremeños sean "los más pobres" y los que mayor tasa de paro sufren y, sin embargo, pagan más impuestos que la media nacional.

Asimismo, ha señalado que los "problemas" de la Junta no solo vienen de la financiación autonómica, sino que también se deben a una "mala gestión", y en este sentido se ha referido a las advertencias recogidas por el Tribunal de Cuentas en su informe correspondiente al pasado año 2016.

A su vez, el diputado de Unidas por Extremadura Álvaro Jaén ha reprochado a la consejera que en su intervención no se haya referido ni una sola vez a las previsiones de desaceleración para los próximos años, y en este sentido lo ha comparado con la negación de la crisis en 2008 por parte del entonces presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.

Jaén ha pedido asimismo a la consejera que ponga voz al conjunto del parlamento autonómico para reclamar un nuevo modelo de financiación autonómica en el sentido de lo acordado por todos los grupos hace más de un año, así como ha solicitado nuevamente una auditoría de la deuda regional, ante lo cual la consejera posteriormente le ha replicado que el mayor acreedor de la administración extremeña es el Instituto de Crédito Oficial (ICO).

RESPALDO DE LOS CIUDADANOS

Finalmente, desde el Grupo Socialista, el portavoz en materia de Hacienda, Jorge Amado, ha destacado que las medidas desgranadas por la consejera recogen las medidas incluidas en el programa electoral de los socialistas que fue respaldado una "amplísima mayoría" por los extremeños en las urnas.

En cuanto al ámbito de la Administración Pública, el portavoz del Grupo Socialista, Juan Antonio González, ha replicado a las críticas del PP sobre el incremento de las consejerías y de altos cargos apuntando que el Ayuntamiento de Badajoz ha liberado a todos los concejales del PP, Ciudadanos y Vox; y asimismo ha destacado que los planes de la consejería recogen el compromiso contemplado en el programa electoral avanzar en la participación ciudadana mediante la reforma del Estatuto de Autonomía.