ISABEL BARRANTES

 

La sentencia emitida por el Juzgado de lo Social número 3 de Plasencia obliga al consistorio del municipio cacereño de Holguera a readmitir a Virginia Garrido en su puesto de técnica de educación Infantil, una labor que ha desempeñado durante los tres últimos años en el municipio.

La sentencia basa la nulidad del despido de Garrido en que estaba embaraza en el momento en el que se produjo el cese de su actividad. En este sentido el fallo de la juez encargada del caso recoge que “no es necesario que el empresario conozca que la trabajadora esté embarazada para que e despido sea declarado nulo”.

La controversia del caso viene suscitada porque la trabajadora despedida por el ayuntamiento es hija del actual alcade del PSOE, José Luis Garrido, quien está al frente del consistorio desde hace seis años, por lo que los hechos se han producido dentro de este periodo, enfrentando a la familia en los tribunales ya que la empleada denuncia el despido promovido por su padre.

Cabe destacar que el contrato con Virginia Garrido se formalizó en enero de 2014 y tenía una duración máxima de dos años, algo de lo que se advirtió al alcalde. A pesar de los requerimientos, la empleada municipal consiguió estar en su puesto hasta enero de este año, cumpliéndose tres años.

Pese a que el contrato debía finalizar en enero de 2016, el pleno del Ayuntamiento de Holguera no aprobó la nueva contratación para la guardería hasta el 22 de julio de 2016, una fecha que la defensa del consistorio ha utilizado en el juicio ya que sostienen que en ese momento se desconocía que la trabajadora estuviera embarazada y por tanto la extinción del contrato se debía a que se había rebasado el tiempo máximo.

Además sostienen que la primera baja por enfermedad común no se produjo hasta principios de octubre, fecha en la que ya se conocía que la plaza iba a ser convocada nuevamente.

El acalde, dada su relación con la denunciante, ha decidido mantenerse al margen del proceso judicial, en el que el ayuntamiento de Holguera ha estado defendido por el servicio jurídico de la Diputación de Cáceres. La familia por su parte contrató a Pilar Mastro, una abogada cacereña.