Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado han interpuesto cerca de 47.000 propuestas de sanción por incumplimiento de la normativa aprobada para contener la propagación del coronavirus desde la declaración del primer estado de alarma, del que ya se ha cumplido un año.
La mayoría de los incumplimientos tienen que ver con el no uso o uso inadecuado de mascarillas; la vulneración de las medidas restrictivas de la libertad de circulación en horario nocturno; participación en reuniones, fiestas, eventos en espacios públicos o privados con aglomeraciones; incumplimiento de las medidas de limitación de movimientos o desplazamientos.
También por el incumplimiento del aislamiento o cuarentena; consumo de alcohol en la vía pública o incumplimientos de prevención de higiene y de horarios y aforos en locales públicos y sobrepasar el límite de personas permitido.
Así lo indican desde la Delegación del Gobierno en Extremadura cuando se cumple un año desde la declaración del estado de alarma.
Sobre este asunto, la delegada del Gobierno en Extremadura, Yolanda García seco, ha destacado que «nunca» la función punitiva o sancionadora ha sido el principal cometido y objetivo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, sino que su labor se ha centrado en «informar a los ciudadanos sobre las medidas de protección». En este sentido, ha destacado que han desarrollado «una labor divulgativa y pedagógica admirable».
