El Tribunal Supremo ha archivado la querella contra José Antonio Monago, presidente del Gobierno de Extremadura, con motivo de sus viajes a Tenerife en el periodo en el que realizaba las funciones de senador. Esta institución ha exigido, además, una mejor regulación de los gastos públicos destinados a financiar los desplazamientos de los políticos.

De esta forma, la Justicia ha determinado que los hechos, que fueron denunciados por la Asociación Pro Justicia Siglo XXI, no constituyen ningún delito de malversación de caudales públicos porque el Parlamento regula y autoriza este tipo de viajes y su financiación con cargo de presupuesto.

Según este tribunal es “necesario establecer una normativa relacionada con este tipo de viajes, que sea suficientemente precisa y que permita regular los viajes oficiales de los privados”.

José Antonio Monago fue acusado el pasado mes de noviembre de realizar un total de 32 viajes de carácter personal para visitar a una amiga en Canarias durante su etapa de senador, entre 2009 y 2010. El presidente defendió en todo momento que estos desplazamientos formaban parte de sus labores como parlamentario.

El Supremo ha destacado que el Partido Popular en el Senado ha reiterado su negativa ante la existencia de malversación de fondos públicos ya que Monago “tenía asignadas labores de apoyo, además de en su propia comunidad autónoma, en las de Andalucía y Canarias, y que para el desempeño de esta labor tenía que realizar viajes a ambas comunidades".

Según el tribunal "la inadmisión a trámite de la querella se produce  por no ser los hechos constitutivos de ilícito penal alguno", ya que el artículo 24.1 del Reglamento del Senado "autoriza el pago con cargo al presupuesto de la Cámara de los gastos de viaje realizados de acuerdo con las normas que la Mesa en cada momento establezca", por lo que se concluye que “ tal actividad" del político extremeño  fuera "ajena a esta función pública, al tener una norma de cobertura".

Sin embargo, este tribunal ha destacado que “resultaría conveniente una regulación suficientemente precisa en esta materia, para evitar cualquier duda en el ámbito de la opinión pública acerca del empleo correcto de los fondos públicos en los viajes realizados por los parlamentarios".