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El delegado del Gobierno en Extremadura, Germán López Iglesias, ha anunciado esta mañana que la Guardia Civil de Badajoz, ha imputado a un empresario, vecino de Corte de Peleas y de 32 años, por tener trabajando irregularmente en la recolección de aceitunas a 69 personas, cuatro de ellos menores de edad. Todas ellas trabajaban sin contrato y sin estar dados de alta en la Seguridad Social.

Según ha explicado el delegado, la operación se inició a primeros del presente mes de enero, cuando la Guardia Civil obtuvo información de la presunta captación y contratación irregular de trabajadores, en su mayoría ciudadanos rumanos, para la recolección de aceitunas.

La Guardia Civil, con la información e investigación desarrollada, ubicó la finca en la carretera EX300, dentro del término municipal de Badajoz.

Así fue como el pasado 14 de enero, con la colaboración de agentes de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Badajoz, apoyados con una veintena de Guardias Civiles, se procedió a la inspección en el citado lugar.

Algunos de los trabajadores, al percatarse de la presencia de los agentes, intentaron darse a la fuga y ocultarse entre los olivos. No obstante, todos ellos fueron localizados e identificados.

En el control de los 69 trabajadores que se encontraban realizando trabajos de recolección de aceitunas, y tras la comprobación en sus bases de datos por los inspectores de trabajo, se pudo acreditar que la empresa responsable de los trabajadores no formalizó ningún contrato de trabajo y, por tanto, no les dio de alta en la Seguridad Social.

López Iglesias ha destacado que, entre los trabajadores, se ha identificado a cuatro menores de edad que desempeñaban el mismo trabajo. Dos de ellos de 14 años, uno de 13 y otro de 15. Estos hechos también se han puesto en conocimiento de la Fiscalía de Menores, por si se pudiera incurrir en otra acción penal.

Durante la operación, la Guardia Civil también averiguó que las personas trabajaban cada jornada por un salario muy inferior al estipulado para estas labores. Todo ello con la evidente intención de ánimo de lucro ilícito y restricción de los derechos de los trabajadores.

Las diligencias, junto con la imputación instruidas por un presunto supuesto delito contra el derecho de los trabajadores, son puestas a disposición de los Juzgados de instrucción de Badajoz y la Fiscalía de Menores.

Por parte de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, su jefe de Unidad Especializada, Enrique Borrego, ha explicado que, ante esta infracción tipificada como ‘grave’, la sanción prevista oscila entre los 3.126 euros hasta los 10.000 euros por cada trabajador. Cada trabajador sin dar de alta supone una infracción distinta. “Si, además, alguno de los trabajadores estuviera percibiendo alguna prestación pública incompatible con el trabajo, como la prestación por desempleo, pasaría a ser una infracción ‘muy grave’, con una sanción que va desde 10.001 euros hasta los 187.515 euros”, ha explicado.

En este hecho, al haber más de cinco trabajadores afectados, se incrementa automáticamente un 50% en la sanción.

Por los menores, la multa iría desde un mínimo de 6.251 euros a los 187.515 euros. En este caso sería una infracción global por el conjunto de menores.

López Iglesias ha señalado que cada año se realizan más de 200 o 300 inspecciones anuales, aunque no todas tienen la misma dimensión que esta. “Tenemos que saber que esto no es una broma, que es un tema muy importante y que tiene muchas consecuencias legales, como perder el paro si lo estaba cobrando”, ha añadido.

Además, ha recordado que hay empresarios que creen que no tienen que dar respuesta legal “al contratar a un señor para que tenga su cuadrilla, pero deben saber que ellos también son responsables”.