La Policía Nacional de Badajoz desarticula un grupo organizado compuesto por ciudadanos de nacionalidad española que se dedicaban al tráfico ilegal de ciudadanos extranjeros de países latinoamericanos, a los que introducían en España mediante contratos de trabajo falsos a cambio de hasta 5.000 euros.

La desarticulación del grupo, que ha sido efectuada por la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de la policía durante el pasado martes, tuvo lugar en la denomina 'Operación Habana' y estafaba, principalmente, a ciudadanos de Colombia y República Dominicana, según informó la Policía Nacional en un comunicado de prensa.  

   La policía inició las investigaciones tras ser alertada por la comunidad latinoamericana de Badajoz sobre la existencia de una supuesta "red de inmigración ilegal" y, tras verificar los hechos, procedieron a la identificación del "cabecilla" de la organización, que responde a las iniciales de L.G.M. y tiene 32 años.

   Este individuo resultó ser el propietario de un quiosco situado en la Avenida de Pardaleras de la ciudad, desde donde regentaba la red junto con varios negocios de la capital. Actuaba junto a su pareja sentimental, Y.S.C, de 26 años y natural de República Dominicana.

   En concreto, los acusados ofrecían a las víctimas, desde sus países de origen, un contrato laboral con el que podían regularizar su situación en España a cambio de cantidades que oscilaban entre los 3.000 y los 5.000 euros. Tenían a su cargo a C.C.R, de 46 años de edad, y R.B.B, de 58 años y de nacionalidad española, encargados de captar a las posibles víctimas desde los puntos de origen.

   Las víctimas solían ser personas sin nacionalidad española de zonas rurales afectadas por la miseria, sin recursos económicos y escaso nivel cultural. Tenían que pagar la mitad del importe exigido antes de llegar a España y la otra mitad una vez que se encontraban en el país de manera mensual.

EMPRESARIOS DE BADAJOZ

   Una vez captadas las víctimas, eran L.G.M o su compañera sentimental los que contactaban con los "empleadores", C.G.M, J.C.C.P, D.A.N y J.S.A, todos empresarios de Badajoz.

   A través de sus empresas, ofrecían supuestos contratos de trabajo e iniciaban de forma "fingida" los trámites de regularización ante la Subdelegación del Gobierno en Badajoz.

   Una vez que los ciudadanos latinoamericanos eran recibidos por miembros de la organización al llegar a la capital pacense, eran alojados y trabajaban en puestos de "economía sumergida.

   Muchas de las víctimas, habían hipotecado sus propiedades en sus países de origen para poder obtener un préstamo con el que pagar la deuda contraída con la organización. También solicitaban préstamos a la propia organización, que cobraba unos intereses "abusivos".

   Los detenidos han sido puestos a disposición judicial del Juzgado de Instrucción número uno de Badajoz.