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El pleno de la corporación municipal de Moraleja aprobó por unanimidad la constitución del grupo político municipal mixto, en el que estarán integrados los seis ediles socialistas. Este punto, que prometía ser uno de los más polémicos de la sesión, fue de trámite ya que los concejales de la oposición habían abandonado la sala instantes después de iniciarse el pleno.

La alcaldesa popular, Concepción González, explicó que los socialistas no solicitaron oficialmente la constitución de su grupo político municipal dentro del plazo legalmente establecido para ello y que el equipo de gobierno optó por adscribirles al grupo mixto. La medida podía haber sido peor, según González, ya que de no aprobar su adscripción a ningún grupo perderían las asignaciones económicas establecidas legalmente.

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La sesión, de carácter ordinario, comenzó con polémica. La alcaldesa y el edil socialista Felipe Mayoral protagonizaron un enfrentamiento verbal que sólo quedó zanjado cuando la oposición abandonó la sala. González aseguró que Mayoral la interrumpía y éste lo negaba. La alcaldesa llegó a solicitar su expulsión de la sala, algo que no llegó a producirse. Instantes después eran los socialistas quienes, voluntariamente, dejaban a PP e IPEX solos en el salón de plenos, que estaba repleto de público pese a ser jornada laborable y estar fijada la hora de inicio a las 12.00 del mediodía.

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El abandono de los ediles socialistas dejó vía libre a los populares para denunciar supuestas irregularidades cometidas durante la legislatura anterior, bajo el mandato de Teresa Roca como alcaldesa. Así, Concepción González lamentó que una misma obra municipal haya sido realizada por dos empresas distintas o que las reparaciones relacionadas con la regulación de semáforos en el rehabilitado puente sobre la Rivera de Gata se realicen por una empresa propiedad del marido de una ex concejala socialista.

La alcaldesa también criticó la existencia de facturas de Cruz Roja Española emitidas en los años 2005 y 2006 que figuran a nombre del empresario taurino Jesús Torero, organizador de los espectáculos taurinos durante esos años, y que ahora son reclamadas al ayuntamiento. Pero hubo más reproches: González informó que la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura ha condenado al Ayuntamiento de Moraleja a abonar 195.005,40 euros a la empresa de limpiezas Pilsa tras la denuncia presentada por la compañía por las desavenencias con el anterior equipo de gobierno.

El equipo de gobierno también aprovechó la sesión para informar que el ayuntamiento arrastra "una deuda de 75 millones de las antiguas pesetas" con la mancomunidad que gestiona el abastecimiento de aguas, a la que no se ha pagado más que un recibo durante los últimos cuatro años. La alcaldesa desveló que ha aparecido un contrato suscrito entre el ayuntamiento y una asociación de golf del que nadie quiere responsabilizarse y que la empresa encargada de la colocación del césped artificial del nuevo campo de fútbol ha denunciado que el anterior equipo de gobierno se negó a saldar la deuda pendiente.

La ausencia de los socialistas permitió a PP e IPEX aprobar por unanimidad todos los puntos del orden del día, entre ellos la petición formulada por la Asociacíón de Empresarios Rivera de Gata para que enlace desde Moraleja con la futura autovía Navalmoral-Monfortinho no se realice a la altura del cruce de Huélaga, sino entre los kilóemtros 100 y 101 de la actual carretera EX-108, con el fin de lograr mejores accesos y evitar accidentes. El equipo de gobierno se comprometió a apoyar esta petición ante las distintas Administraciones.

Asimismo se aprobó la solicitud realizada por la empresa Duritia, S.L., que gestiona la residencia de ancianos Mirasierra, en la carretera de Zarza la Mayor, para cancelar la condición resolutoria que pesaba sobre la parcela enajenada en su día. Esa resolución ha quedado sin efecto al haber entrado en funcionamiento la residencia de ancianos.

Otro de los acuerdos adoptado en la sesión plenaria fue la concesión de la medalla del ayuntamiento a los empleados públicos que lleven más de 25 años de servicio, situación que afecta a una decena de personas.

El ayuntamiento también ejercerá acciones judiciales contra el propietario de un vehículo, el conductor y la compañía aseguradora que le representa, por provocar daños valorados en 507 euros al chocar, el 31 de julio de 2006, contra la pared del parque Dulce Chacón y negarse a pagarlos. También se recurrirá a la vía judicial, en este caso por la vía penal, contra una ciudadana que acusó durante las fiestas de San Buenaventura a la alcaldesa de "ser una ladrona". El incidente se produjo tras la muerte, durante la lidia, de un toro del que no se sacó sobrero.

Finalmente el pleno revocó un acuerdo adoptado en la sesión plenaria del pasado mes de julio y dejó sin efecto el nombramiento de un asesor jurídico para la alcaldía. El equipo de gobierno jsutificó la medida aduciendo cuestiones de tipo económico, ya que optarán por otra vía menos gravosa para el municipio.

La anécdota de la jornada surgió en el turno de ruegos y preguntas, cuando Concepción González desveló que esa misma mañana, la edil socialista Teresa Roca la solicitó oficialmente que delegase en ella para casar a una pareja por lo civil este mismo sábado. González dijo que no va a delegar en Roca para este asunto ni para otros "porque no debe representar al pueblo de Moraleja". Aunque inicialmente parecía que los novios iban a encontrar problemas para contraer matrimonio, la alcaldesa explicó en una segunda intervención que no habían solicitado que lo hiciese un edil en concreto, por lo que sería ella probablemente la encargada de oficiar la ceremonia.


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