Los trabajadores han expresado su preocupación ante la incertidumbre que rodea al futuro de la central y alertan sobre las consecuencias económicas y sociales que tendría su cierre.

Ambas comunidades han advertido de que no aceptarán medidas que, a su juicio, rompan con el principio de igualdad entre territorios y perjudiquen a la caja común del Estado.

Durante una reunión con representantes de la Plataforma N-430, celebrada en la sede de Presidencia, la dirigente extremeña mostró el respaldo de la Junta a esta reivindicación.

Este reparto se enmarca en la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural, donde el Gobierno y las comunidades autónomas han acordado el destino de más de 212 millones de euros.

Desde el Ministerio se subraya que cualquier cambio en el calendario nuclear debe ser compatible con tres condiciones, garantía de seguridad nuclear, seguridad de suministro y neutralidad económica para consumidores y contribuyentes.

Los profesionales sanitarios exigirán al Gobierno la devolución íntegra de las cantidades recortadas desde 2010, que según el sindicato suponen una pérdida media de 700 euros anuales por trabajador, acumulando hasta 11.000 euros por persona en 15 años.

Según el ministerio, la iniciativa no cumple con ninguna de las tres condiciones imprescindibles para una posible prórroga: garantizar la seguridad de las personas, la seguridad del suministro eléctrico y que no suponga un coste añadido para los consumidores.

Desde el Partido Popular han recordado que desde hace años se demanda la instalación del sistema de aterrizaje instrumental ILS, imprescindible para garantizar el funcionamiento normal del aeropuerto en condiciones meteorológicas adversas.

En el caso de Extremadura, las consecuencias económicas directas derivadas de los aranceles se estiman en 56,4 millones de euros en 2024, aunque se advierte de un perjuicio aún mayor por los efectos indirectos.

El Ejecutivo regional solo espera la firma del convenio de colaboración para poder avanzar con la licitación y ejecución de los trabajos. Este acuerdo establece una inversión de 7 millones de euros por parte de cada administración.