Según el ministerio, la iniciativa no cumple con ninguna de las tres condiciones imprescindibles para una posible prórroga: garantizar la seguridad de las personas, la seguridad del suministro eléctrico y que no suponga un coste añadido para los consumidores.

Desde el Partido Popular han recordado que desde hace años se demanda la instalación del sistema de aterrizaje instrumental ILS, imprescindible para garantizar el funcionamiento normal del aeropuerto en condiciones meteorológicas adversas.

En el caso de Extremadura, las consecuencias económicas directas derivadas de los aranceles se estiman en 56,4 millones de euros en 2024, aunque se advierte de un perjuicio aún mayor por los efectos indirectos.

El Ejecutivo regional solo espera la firma del convenio de colaboración para poder avanzar con la licitación y ejecución de los trabajos. Este acuerdo establece una inversión de 7 millones de euros por parte de cada administración.