Se encuentran afectados edificios municipales, como pabellones deportivos, casas de cultura, centros cívicos y el edificio Valhondo, alquilado por el ayuntamiento, además de numerosos caminos rurales del término municipal.
Los estudios realizados por el Gobierno señalaban que la instalación del sistema de aterrizaje ILS en condiciones de baja visibilidad podría reducir hasta un 30% las incidencias por niebla durante los meses de mayor frecuencia de operaciones.
En la capital extremeña, los informes registran daños materiales importantes, como la destrucción de instalaciones en la zona de La Isla, la caída de numerosos árboles y desperfectos en la vía pública.
La Junta advierte del impacto socioeconómico que tendría una reducción o prohibición de la caza de la codorniz, especialmente en el medio rural.
Las discrepancias se centraban en dos deducciones autonómicas: la relativa a donaciones de dinero a entidades culturales, artísticas y al patrocinio de deportistas, y la vinculada al traslado de la residencia habitual a Extremadura.
Las ayudas están destinadas a reparar los daños registrados entre el 16 de septiembre de 2024 y el 24 de marzo de 2025, periodo en el que numerosas localidades extremeñas se vieron afectadas por episodios de lluvias intensas.
La consejera de Hacienda y Administración Pública de la Junta en funciones, Elena Manzano, acusó al Gobierno central de dar prioridad a criterios electorales y estratégicos.
Desde el PSOE de Extremadura se ha insistido en que el nuevo modelo de financiación no puede considerarse justo si beneficia principalmente a comunidades autónomas como Cataluña o Andalucía, mientras regiones como Extremadura, no reciben los recursos necesarios.
Pese a que el Ejecutivo central ha anunciado que el nuevo modelo contará con 21.000 millones de euros adicionales. Extremadura y Cantabria serían las únicas comunidades autónomas que no verían incrementados sus recursos respecto al sistema actual.
Elena Manzano, la portavoz en funciones de la Junta de Extremadura ha realizado estas declaraciones tras informar de que el Diario Oficial de Extremadura ha publicado la apertura del plazo de solicitud de las ayudas autonómicas de 2.000 euros destinadas a extremeños diagnosticados de ELA.
La medida beneficiará a empleados públicos con distintos niveles salariales, que podrán ver reflejada la subida en sus próximas nóminas una vez se complete el proceso administrativo.
El Ejecutivo autonómico aclaró que su papel se limita a la gestión de las ayudas, mientras que el Gobierno central es quien puede incrementar los recursos.
El contrato integra labores de vigilancia, atención de accidentes, vialidad invernal, control de túneles y comunicaciones, así como mantenimiento de instalaciones.
La medida llega después de que Extremadura confinara las aves de corral en más de 90 municipios y detectara ocho focos de gripe aviar en aves silvestres.
En 2024, Extremadura exportó productos porcinos a China por valor de 3,85 millones de euros, de los cuales 1,4 millones quedan directamente afectados por estos aranceles, especialmente en subproductos y despojos que no cuentan con mercados alternativos.
La autorización debía ser emitida por el Gobierno central al tratarse de un servicio internacional de transporte, pero ha sido rechazada al amparo de la actual política de concesiones, que establece que las empresas deben obtener el servicio mediante concurso público.
La plataforma considera que esta actuación permitiría disponer en 2027 de un tren AVANT totalmente eléctrico, fiable y con velocidad alta de hasta 250 km/h, que uniría Madrid y Badajoz en dos horas y media.
La Junta ha manifestado su preocupación por el retraso en la asignación de estos fondos, que se produce una vez superado el ecuador del mes de octubre, lo que, según advierte, puede dificultar su ejecución antes de que finalice el año.
El Bono Alquiler Joven establece una ayuda de 250 euros mensuales durante un máximo de dos años para cada beneficiario, con el objetivo de facilitar la emancipación y el acceso a la vivienda en régimen de alquiler o cesión de uso.
Los fondos forman parte de una partida estatal de 7,4 millones de euros destinada al control de la tuberculosis bovina y otras enfermedades que afectan a la cabaña ganadera y a la salud pública.