El Ministerio de Economía ha incluido en el plan nacional para paliar los efectos de los aranceles la propuesta presentada por Extremadura, que contempla la creación de un observatorio de seguimiento junto a los sectores afectados y que el reparto de ayudas tenga en cuenta no solo el impacto directo, sino también los efectos indirectos, especialmente significativos en regiones con fuerte presencia del sector primario.

En el caso de Extremadura, las consecuencias económicas directas derivadas de los aranceles se estiman en 56,4 millones de euros en 2024, aunque se advierte de un perjuicio aún mayor por los efectos indirectos. 

La comunidad se mantendrá activa en la vigilancia del cumplimiento del plan y tiene previsto convocar una nueva reunión con los sectores implicados para continuar el seguimiento iniciado el pasado 10 de abril.

Paralelamente, Extremadura continúa con su propia estrategia de impulso exterior a través del Plan de Internacionalización regional, dotado con 22 millones de euros. Este plan incluye medidas concretas como el Cheque Exporta, asesoramiento personalizado y apoyo a la diversificación de mercados. 

Para 2025, se prevé una inversión de más de dos millones de euros en 39 acciones específicas en mercados estratégicos, en colaboración con las Cámaras de Comercio de Badajoz y Cáceres.

Aunque se valora positivamente que el Gobierno central haya recogido algunas propuestas, sectores empresariales critican que no se hayan tenido en cuenta las principales reivindicaciones, como ayudas directas o reformas estructurales —incluida una rebaja fiscal en la factura energética industrial y una revisión de la PAC—.

Por otra parte, desde Extremadura se ha puesto sobre la mesa la necesidad de garantizar la continuidad de la central nuclear de Almaraz, clave para la estabilidad eléctrica de la región y un factor de competitividad que favorece la atracción de inversiones.

El Ministerio también ha reconocido la importancia de establecer una interlocución única con Estados Unidos, una demanda reiterada desde varias comunidades autónomas en el contexto del conflicto arancelario.