El Sindicato del Profesorado Extremeño (PIDE) ha denunciado este Primero de Mayo la «falta de negociación» de la Administración con los docentes para determinar los currículos de Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato en Extremadura, así como para mejorar sus condiciones laborales.

Ha criticado además su negativa a reducir las ratios, a la aplicación «real» de la reducción horario de los mayores de 55 años y a la puesta en marcha de las 18 horas lectivas en todos los cuerpos de enseñanzas no universitarias.

En su manifiesto con motivo del Día Internacional de los Trabajadores, la organización ha señalado que la «tardía» publicación de los reales decretos que establecen los currículos en las diferentes etapas ha dejado «poco margen» para negociar una ley que debe aplicarse el 1 de septiembre.

Anuncios
Anuncios

Simultáneamente, ha indicado, la Administración ha enviado a los centros una distribución de materias, de optativas y de horarios «sin remitir ninguna documentación previa ni convocar a los representantes de los docentes para su negociación».

«Hay una decisión unilateral e impositiva de la Consejería de Educación en los cambios de materias, la reducción de la opcionalidad y la desaparición de muchas optativas muy demandadas por el alumnado extremeño», ha aseverado en este sentido.

Ha advertido de que esta situación afectará a las plazas orgánicas y funcionales de los docentes en los centros educativos públicos y redundará en un «empeoramiento» de sus condiciones laborales.

A ello ha sumado que, desde mayo de 2010, los empleados públicos vienen sufriendo un «recorte importante» en sus salarios, por lo que ha pedido que se abran las negociaciones pendientes para mejorar las condiciones económicas de los docentes.

La implantación de la carrera profesional, la mejora de las licencias y permisos, la implantación de los días por asuntos particulares, la jornada lectiva de 18 horas para todos los cuerpos, la reducción de la ratio y la reducción horaria de los mayores de 55 años son otras demandas del sindicato.

A ellas suma «decenas de cuestiones pendientes que perpetúan la discriminación de los docentes extremeños frente al resto de empleados públicos».