(Hacia una ecología de la atención).

Seis resoluciones judiciales contra la Junta de Extremadura de las catorce en todo el procedimiento Valdecñas. Y no se trata de una enfermedad, sino de un atentado contra la democracia donde no aparecen los culpables. Y encima pretenden que no se entere el mundo entero.

Veamos las secuencias:

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-Marzo 2009, TSJEX sentencia la nulidad del nuevo decreto de ciudades mixtas que contemplaba desarrollos turísticos en los PIR.

-Marzo 2011, TSJEX sentencia nulidad PIR Isla Valdecañas.

-Enero 2014, sentencia del TS confirmando la anterior (y declara nula la Declaración de Impacto Ambiental).

-Noviembre 2019, el TC declara inconstitucional la modificación de un articulo de la Ley del Suelo de Extremadura.

-Junio 2020, el TSJEX ordena demoler parte del complejo.

-Febrero 2022, el TS sentencia la demolición completa: no demolerlo es darle un nueva vida al PIR. y los actos derivados, es decir los planes generales de El Gordo ya anulados y Berrocalejo en cuanto afectan a la isla (licencias de actividad y de primera ocupación).

Resulta que en España nos hemos dado constitucionalmente un estado de Derecho que se debe aplicar en todos los casos que lo incumplan o sean contrarios al mismo. A nadie le tiene que extrañar, por tanto, que la Junta de Extremadura (Gobierno y Asamblea autonómica) sean los primeros y más eficaces garantes de todo ordenamiento jurídico, en este caso el del ordenamiento medioambiental y el urbanístico.

Imagínense ustedes que cualquier representante público, elegido democráticamente, cambie la ley a su antojo o la intente camuflar en repetidas ocasiones. Pues el PIR de Valdecañas fue precisamente eso; una actuación contraria a Derecho y no solamente por urbanizar en una zona ZEPA que lo prohibía, sino por favorecer una inversión privada como si se tratara de un “Interés General” e involucrar a dos ayuntamientos a modificar sus propias normativas urbanísticas también con el fin de seguir engañando. ¿Cuántos pájaros hay en este asunto? Extraña mucho que con esta ultima sentencia algunos solo hablen de Zepas y no de Zepos.

De igual manera, para que nos entendamos mejor, podemos comparar con lo ocurrido el 10 de octubre de 2017 en Cataluña. Por este ultimo proceso se juzgaron a los responsables y se les impuso pena de cárcel y pagos de su propio patrimonio. Sin embargo, para el caso Extremadura nadie ha sido juzgado e incluso siguen negando su responsabilidad política pero también económica. Estará bien recordar, también, que en noviembre de 2012 incluso se atreven a subvencionar el proyecto de Valdecañas con más de un millón de euros, como incentivos extremeños a la inversión. ¿Lo van a devolver?

Algunos de los medios de comunicación (los que conocemos cercanos al poder político o de alguna multinacional) ahora se apresuran a publicar no los hechos sino lo que “falta” de comprender en este caso, lo que según ellos está “ausente en el caso”.  Y así el columnista y el periodista se afanan en explicarlo como si no estuviera claro después de 15 años.

Primeramente, hay que situar el proyecto en la zona donde se ha implantado para entender algo más. Desde luego esa falsa isla siempre ha sido propuesta con algún tipo de desarrollo inmobiliario, pero nunca se encontró el momento preciso para ello. Sabemos que determinadas personas habían ido comprando terrenos en ese sitio dado que Iberdrola las tenía en venta. La situación tan cercana a Madrid siempre ha sido un atractivo, pero nunca se pensó desarrollar otro modelo, de una manera más integral y en armonía con las actividades y trabajos de las gentes del lugar.

De hecho, se abortó una urbanización similar en el término del municipio de Peraleda de la Mata, al lado de la autovía y en plena dehesa, cuando una investigación periodística descubrió que su promotor estaba supuestamente involucrado con el grupo Prisa.  Era el año 2005.

Pero el impulso definitivo, y en plena “pandemia del ladrillo” en España, el entonces consejero de Economía y Trabajo, Manuel Amigo propuso en la Fitur de 2006, la urbanización de los entornos de algunos embalses de la región (la costa dulce lo llamaron). Consejero desafortunado hasta en la frase que divulgó a fin de promocionar el patrimonio histórico y natural de la región: “No seas paleto, ven a Extremadura y di la verdad”.

La propuesta del consejero pronto se supo la verdad de ella, había ya propuesto hasta siete entornos en diferentes sitios de la región, para no quedarnos atrás en la industria del ladrillo. Uno ya estaba claro que podía ser Valdecañas (2007) y otro en Castilblanco, en el que todavía insisten ahora, pero con un decreto especifico y con el sugestivo título de película “Elysium que simbólicamente define este tipo de operaciones especulativas destinadas a una clase determinada; o de “como en el año 2159, los seres humanos se dividen en dos grupos. Los ricos, viven en la estación espacial Elysium, y todos los demás, sobreviven como pueden en una Tierra devastada y superpoblada”.

Claro que hay puestos de trabajo que desaparecen (de mantenimiento y servicios) que pocos o muchos son a respetar (¿1 en Berrocalejo y 23 en El Gordo?), pero esto no significa “arruinar” una zona, “empobrecer” a dos localidades donde aun no se conoce en qué y cómo invirtieron el dinero millonario que les llegó con la obra. Y los que viven ahí bien lo saben.Yla sentencia lo afirma expresamente.

Claro que los jueces siguen recordando a la Junta de Extremadura que ese coste que tendrán que negociar entre las partes no supone deterioro para la Hacienda Publica. ¿No es acaso el pago por su irresponsabilidad continuada y persistente? ¿Todavía se cree la Junta de Extremadura inocente en sus actuaciones ilegales? ¿Lo denominaremos también corrupción económica? Pues se trata de un supuesto tipo de corrupción que va a salir de nuestros bolsillos de contribuyentes, de todos los extremeños, como si los verdaderos culpables hubieran desaparecido: la empresa promotora presentó concurso de acreedores en 2014 y los políticos implicados en fuga.

La discusión política y ambiental ya no puede seguir siendo, entonces, de si hay más o menos Zepas permisivas, se trata de decir la verdad acerca de toda una maquinaria administrativa puesta en marcha de manera alegal tanto por la Junta de Extremadura como por el respaldo ofrecido por la Asamblea de Extremadura.

Alfortudamente todavía en la democracia española existe un tercer poder para reclamar justicia y sensatez. Y alfortudamente estamos en la Unión Europea, de la cual Extremadura desde que existen los fondos para Desarrollo Rural ha estado recibiendo dinero para impulsar y potenciar la red Natura 2000 de obligado cumplimiento. Y, esto, las distintas administraciones regionales lo conocen sobradamente, incluso ahora que piden “conciliaciones”.


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