El Gobierno anunciaba este jueves la apertura de la frontera con Francia y Portugal cuando termine la última prórroga del estado de alarma, que vence a las 00.00 horas del próximo 21 de junio. Poco después recitifcaba y confirmaba que no será hasta el 1 de julio cuando entre en vigor esta medida.

Desde la Junta de Extremadura han defendido el importante papel de Europa en la reconstrucción tras la crisis sanitaria y la vinculación estratégica de la región con Portugal.

Son varios los meses en que las fronteras están cerradas por la pandemia del coronavirus. Una situación que supone pérdidas económicas para los municipios próximos a la raya en Monfortinho en la provincia de Cáceres y Caya, en la de Badajoz.

Actualmente solamente se permite el paso de personas que deben trabajar en alguno de los lados de la frontera, emergencias médicas y el transporte de mercancías relacionadas con el abastecimiento.

Administraciones, comerciantes y profesionales están pidiendo la apertura de la frontera para poder cruzar de un lado a otro y continúan con sus labores de trabajo además de revitalizar la economía en ambos lados de la raya.

El restablecimiento de los controles en las fronteras interiores de España con Francia y Portugal entró en vigor el pasado 17 de marzo a través de una orden ministerial al amparo del estado de alarma. De modo que cuando venza el estado de alarma, decaerán con él todas las órdenes ministeriales vinculadas a este instrumento. Por eso el Ejecutivo ya está trabajando en un real decreto ley para mantener la vigencia de las medidas sanitarias y de otro tipo que considere necesario preservar.

Con el cierre de la frontera terrestre a viajeros, sólo se permite el acceso desde Francia y Portugal a ciudadanos españoles; personas residentes en España; trabajadores transfronterizos y aquellos que acrediten, documentalmente, causas de fuerza mayor o situación de necesidad. La restricción no se aplica al transporte de mercancías con el fin de asegurar la continuidad de la actividad económica y de preservar la cadena de abastecimiento.

La medida tampoco afecta al personal extranjero acreditado como miembro de las misiones diplomáticas, oficinas consulares y organismos internacionales sitos en España, siempre que se trate de desplazamientos vinculados al desempeño de funciones oficiales.