CELIA CORDERO
El titular del Juzgado número 1 de Plasencia ha requerido al consistorio conocer los motivos para no ejecutar procedimientos de demolición de obras en suelos no urbanizables en el periodo comprendido entre 2006 y 2011, o la inacción a la hora de fijar multas a los propietarios.
La iniciativa del juzgado, que arranca a raíz de una denuncia elevada por un particular está en fase de instrucción. Entre los investigados se encuentran la exalcaldesa Elia María Blanco y los tres ediles que fueron responsables del Área de Urbanismo durante ese periodo que son la actual diputada regional de Ciudadanos, María Victoria Domínguez, Mónica García y Francisco Barbancho.
En concreto, las pesquisas hacen referencia a posibles construcciones ilegales en la sierra de Santa Bárbara.
El titular del Juzgado también ha preguntado si durante el mismo periodo se ha liquidado algún impuesto de construcciones y la cantidad que las arcas públicas han dejado de ingresar al no haberse cobrado por el ayuntamiento la tasa de construcción desde 2006 a 2011.
El Juzgado investiga si los citados responsables municipales han podido cometer un delito de prevaricación administrativa al no demoler varias construcciones ilegales y si sobre estas últimas existían expedientes de disciplina urbanística.
Las edificaciones ilegales que forman parte de la investigación judicial son las mismas cuyo derribo ha sido ordenado por el actual Gobierno local tras la reapertura de los expedientes de disciplina urbanística.
Cabe destacar que si finalmente se ejecutan los derribos, sería la primera vez que el consistorio de la capital del Jerte ordena este tipo de acción contra las viviendas levantadas de forma ilegal en la Sierra de Santa Bárbara en los últimos treinta años.
