CELIA CORDERO
Las ejecuciones hipotecarias que se han instado ante los juzgados de la Comunidad Autónoma de Extremadura en 2016 han descendido un 26,4 por ciento respecto a 2015, concretamente 731 frente a las 933 anteriores, según el último informe del Consejo General del Poder Judicial sobre el efecto de la crisis en los órganos judiciales.
Este descenso, unido al producido en el último trimestre del 2016 en el número de desahucios derivados de ese tipo de procedimientos con respecto al mismo trimestre del 2015, un 35,7 por ciento menos, es el mejor dato que podía recibir la Red de Oficinas del Servicio de Protección a las Familias en Riesgo de Ejecución Inmobiliaria, puesta en marcha tras la firma del convenio con las Diputaciones y Colegios de Abogados de la región.
El dato numérico de 748 lanzamientos, un 3,7 por ciento de incremento respecto a 2015, no distingue las causas, ni si la finca es urbana o rústica, si es una vivienda o un local o si el ejecutado es una persona física o jurídica.
Suma también aquellos procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos (impago de alquiler, terminación de contrato o incumplimientos del arriendo); y es precisamente ahí donde se ha producido el incremento, en los lanzamientos acogidos a la Ley de Arrendamientos, que no recaen sobre hipotecados sino sobre arrendatarios.
Los lanzamientos derivados específicamente de ejecución hipotecaria bajan un 5,5 por ciento con respecto a 2015; en el cuatro trimestre de 2016 fueron 72, coincidiendo con la puesta en marcha del Servicio de Protección a las Familias en Riesgo de Ejecución Hipotecaria y en el mismo trimestre de 2015 fueron 112.
Durante la anterior legislatura ningún trimestre bajó de 200 alzamientos derivados de ejecución hipotecaria, llegando a producirse incrementos del 53,8 por ciento de un trimestre a otro.
