El consejero de Economía y Hacienda del Gobierno de Extremadura, Antonio Fernández, presentó su renuncia al cargo en el último Consejo de Gobierno, aunque su renuncia se hará efectiva la próxima semana, según informa el Diario Hoy.
En sus páginas, el Diario Hoy afirma que la renuncia de Antonio Fernández se produjo sólo un día después de que entrase en vigor un decreto firmado por el presidente de la Junta de Extremadura, José Antonio Monago, por el cual se retiraba a Economía y Hacienda la gestión exclusiva de la política financiera.
Este decreto mantiene en Economía las mismas competencias, pero «sin perjuicio de que por Consejo de Gobierno se pueda atribuir el conocimiento de asuntos concretos en esta materia a otras consejerías». El Ejecutivo autonómico señaló que «se trata de un reajuste competencial para dar más flexibilidad organizativa en materia financiera», pero sin aclarar qué se pretende ni a qué campos concretos afecta. Política financiera incluye todo lo relativo a cajas de ahorros, cooperativas de crédito (cajas rurales), secciones de crédito de cooperativas y demás entidades de crédito, así como los acuerdos marco de financiación a suscribir por la Junta de Extremadura con bancos y cajas. En la actualidad está encomendada a la Dirección General de Presupuestos.
Según el rotativo extremeño, la decisión de Antonio Fernández no se debe exclusivamente a la aprobación de este decreto, que en la práctica supone retirarle una de las competencias más importantes de la gestión económica. Pero, según el Diario Hoy, ha supuesto un empujón definitivo a su salida del Ejecutivo extremeño. Aunque también hay cuestiones personales que explican la marcha del consejero de Economía.
Además, en sus páginas, el Diario Hoy afirma que la retirada de las competencias exclusivas en materia de política financiera guarda relación con el interés del Ejecutivo autonómico en controlar el rumbo de Caja Rural de Extremadura tras la ruptura de la fusión con las cajas de Sevilla y Córdoba en Caja Rural del Sur.
El Gobierno de Extremadura ya ha modificado por decreto ley la norma autonómica que regula las cooperativas de crédito con el objetivo, entre otras cuestiones, de garantizar que cualquier operación de fusión o absorción deba tener la autorización del Consejo de Gobierno. Esta reforma aún está pendiente de aprobación definitiva, lo que tendrá lugar el próximo 26 de junio en el Parlamento regional con el debate de las enmiendas que presenten los grupos parlamentarios. Sólo dos días después se celebrará una asamblea clave en Caja Rural de Extremadura, donde se debatirá sobre el cese o la continuidad del consejo rector y del director general de la entidad.
La manera en que el Gobierno de Extremadura tutela la Caja Rural habría generado dos corrientes diferenciadas en el Consejo de Gobierno. Por un lado, la postura de Antonio Fernández; y por otro, la figura de la vicepresidenta, portavoz y responsable de Empleo, Empresa e Innovación, Cristina Teniente, quien habría ganado el pulso con la retirada de las competencias exclusivas en política financiera a Economía.
