La organización profesional agraria APAG EXTREMADURA ASAJA considera que el Gobierno de Extremadura debe de destinar parte de los 240 millones que va a recibir tras el fallo del Tribunal Constitucional sobre el impuesto a la banca a reflotar aquellas partidas que en el presupuesto establecido para el próximo año para Agricultura han quedado eliminadas o en su defecto reducidas a la mínima expresión.

El presidente de esta organización, Manuel Laparra, pide que asuntos que repercuten directamente de forma muy negativa en el bolsillo de los agricultores y ganaderos podían verse ahora paliados. De lo contrario, conllevarían, como estaba previsto, una gran pérdida de su renta en unos momentos, además, de graves dificultades por el que atraviesa  el mundo agrario.

De ahí que estamos convencidos de que la sensibilidad del gobierno extremeño le llevará ahora aprovechar esta gran oportunidad para recuperar y fortalecer un  sector, como ha subrayado siempre el presidente José Antonio Monago, absolutamente decisivo para la economía extremeña "y que habían sufrido un gran varapalo en los presupuestos", destaca Laparra.

"También somos conscientes de que hay que cumplir el objetivo de déficit para recuperar la economía, pero creemos fundamental que además de ayudar a los autónomos, pagar a proveedores o incrementar las ayudas a dependencias, el mundo agrario debe a su vez recibir una compensación ante los ajustes producidos en los últimos tiempos", indica.

Por ello,  desde esta organización se propone  reestablecer partidas específicas que habían sido eliminadas, como la de los seguros agrarios, o incrementar otras que se habían reducido drásticamente, como las ayudas a las OPAS, los Consejos Reguladores, las Denominaciones de Origen, la Asociación de Defensa Sanitaria (ADS), las Agrupaciones para el Tratamiento Integrados en Agricultura (ATRÍAS) o la prima de polinización, unas cuestiones que repercutían muy negativamente en los agricultores y ganaderos extremeños.

Laparra subraya que el presupuesto que había elaborado la Consejería de Agricultura, a falta de su aprobación definitiva en el Parlamento, había dejado una sensación "agridulce", porque si bien es cierto que se producían recortes, también a la par se establecía un plan concreto como era la recuperación de los fondos Feder (2007-2013), que estaban a punto de perderse.

Esas ayudas europeas, que incluyen fondos regionales al estar cofinanciados, llevaban a incrementar el presupuesto global de manera importante, al incluirse la ejecución de unos proyectos que no se iban a ejecutar por la ineficacia del gobierno anterior. Así, se incluyen propuestas como planes de mejoras de infraestructuras para el mundo rural o la ayuda a la incorporación de los jóvenes agricultores dentro de unas partidas que estaban a punto de devolverse a Bruselas, pero que ha sabido recuperar y gestionar con eficacia el actual gobierno regional.