El secretario general de UPA-UCE Extremadura, Ignacio Huertas, ha ofrecido una rueda de prensa en la que ha incidido en la precaria situación en la que se encuentran las explotaciones agrarias extremeñas, y ha valorado como "perjudiciales" los nuevos recortes que se plantean.

Manifiesta que el año pasado ya se hizo un recorte muy importante a nivel presupuestario en el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, y para 2013 se consolida este recorte y además se realiza un recorte adicional del 25%.

"El Gobierno afirma que la agricultura es un sector estratégico", afirmaba Ignacio Huertas, a lo que que añadía que las cuentas presentadas para el año que viene ponen de manifiesto que "no lo es". Además, el Secretario general de UPA-UCE ha querido incidir en el "delicado momento" en el que se encuentra el sector actualmente, que ha experimentado un recorte de más del 40% en apenas dos años.

Para Ignacio Huertas, estos presupuestos "agravan la situación" en la que viven los productores agrícolas y ganaderos, los que además tienen que sumar subidas en los costes de producción, los precios del gasóleo o el crecimiento en los precios del abono y piensos. "A eso hay que sumarle en Extremadura la sequía, que tiene al sector ganadero al borde de la ruina". Para UPA-UCE Extremadura, el Ministerio ha respondido a esta situación con "el mayor desmantelamiento que se ha producido en este país de políticas agrarias en 30 años".

Ignacio Huertas ha apuntado como consecuencias de estos recortes: la pérdida de competitividad de las explotaciones españolas frente a las del resto de Europa, la generación de una mayor precariedad laboral, el cierre de explotaciones y un mayor desempleo para el sector y para el mundo rural.

Las partidas presupuestarias destinadas a aspectos como la sanidad animal y vegetal, el control y erradicación de plagas, el fomento del asociacionismo, los seguros agrarios o las políticas de mejoras de calidad; sufren serios recortes, e incluso, desaparecen.

Ignacio Huertas, ha advertido además, que estos recortes pueden dañar seriamente la capacidad de reacción de los gobiernos ante situaciones de crisis o catástrofes naturales como las inundaciones en la zona de levante durante la última semana, o la sequía que azota Extremadura desde hace meses.

Otro aspecto negativo para el sector, es la paralización de la Ley de Desarrollo Rural, ya que las cuentas para 2013 del Ministerio prácticamente "acaban con ella", según palabras de Ignacio Huertas. Esto supone un "frenazo" en las políticas de desarrollo, lo que conllevará un aumento del desempleo y el envejecimiento de la población agraria, lo ralentizará la modernización del sector.

En definitiva, UPA-UCE Extremadura lamenta la reducción presupuestaria por entender que "se hace en el peor de los momentos y que convierte al Ministerio de Agricultura en una gestoría de los presupuestos comunitarios, ya que los fondos propios del Ministerio suponen apenas el 20%".

Ignacio Huertas ha añadido que al presupuestar estos recortes no se ha consultado con las organizaciones agrarias, sino que "ha sido el Gobierno el que ha tomado la decisión de manera unilateral, sin ni siquiera hacer la consulta de priorizar las reducciones que se plantean".

"No nos gusta que se incumplan los compromisos"

En referencia a la modificación de la norma de calidad del porcino, Ignacio Huertas ha declarado que el Ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, tenía un compromiso de presentar el borrador para el 1 de octubre.

Este retraso, no hace más que "preocupar" a la organización agraria extremeña ya que "podría deberse a presiones de otras comunidades autónomas con intereses en una modificación distinta a la que el sector y la Administración regional extremeña propusieron, que tenía como objetivo generar una mayor transparencia en la producción de ibérico y acabar con el confusionismo interesado de otras explotaciones de cara al consumidor.

Desde UPA-UCE Extremadura, refrendamos el documento firmado en su día con el Gobierno de Extremadura y exigimos firmeza a sus representantes para que la iniciativa de modificación de la norma, que se proyectó con objetivo de mejorar la situación del porcino ibérico, no se convierta en una nueva norma que perjudique aún más los intereses de los ganaderos extremeños.