La Consejería de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Turismo, dispone de una Comisión de Intervención Social que atiende y realiza un seguimiento puntual de todos los usuarios de viviendas sociales con expedientes de desahucio abiertos por diversas causas.

Un total de ocho trabajadores sociales analizan y atienden personalmente la situación de cada una de estas familias, teniendo en cuenta y priorizando a las que se encuentran en especial dificultad, para ofrecerles facilidades de pago de las cuotas y fórmulas que les permitan cumplir las cláusulas establecidas en el contrato que tienen firmado con la Administración regional.

De hecho, son muchas las familias que se han dirigido a la Consejería de Fomento, no solo en los últimos días, y han visto paralizados sus expedientes de desahucio después de lograr acuerdos y compromisos para normalizar su situación.

Además de los trabajadores que pertenecen a la Consejería de Fomento, en la Comisión de Intervención Social participan los trabajadores sociales de todos los ayuntamientos de más de 7.000 habitantes, que también orientan y hacen un seguimiento de todos los expedientes de viviendas sociales.

Esta Comisión se reúne mensualmente para analizar conjuntamente las solicitudes e incidencias que se recogen a lo largo del mes y poder atender con celeridad los casos de mayor necesidad y urgencia social.

La Comisión también evalúa las situaciones de extrema y urgente necesidad en la que se encuentran algunos de los solicitantes de vivienda de promoción pública e informa sobre las propuestas de adjudicación directa de éstas.

AUTORIZACIÓN JUDICIAL

La Consejería de Fomento continuará ejecutando los expedientes de desahucio que han sido debidamente autorizados por una autoridad judicial y que culminan tras largas tramitaciones administrativas. Esta medida es dictada por un juez tras resolver expedientes en los que los afectados no han respondido a los requerimientos o han obviado las indicaciones que, tanto desde la Consejería como de la autoridad judicial, se le han cursado a los afectados.

El Gobierno de Extremadura tiene abiertos 764 expedientes de desahucios en toda la región, de los cuales 250 corresponden a la provincia de Cáceres y 514 a la de Badajoz. Las principales causas que han motivado el inicio de los expedientes corresponden a la no ocupación de las viviendas, su ocupación ilegal, la falta de pago de los ocupantes o las conductas asociales que se producen en las mismas.

La Administración pretende, con estas medidas, buscar la normalización de las barriadas que se han visto perjudicadas por las conductas asociales de algunos inquilinos que no han cumplido con las normas que se establecen en los contratos de arrendamiento de las Viviendas de Promoción Pública.