El sindicato mantiene que, en Extremadura, la partida presupuestaria se ha reducido respecto a 2008 en 1.712.000 euros, lo que supone un 30,60% menos, con consecuencia de pérdida de 95 puestos de trabajo y disminución del espacio reservado a la prestación del servicio público postal de los ciudadanos.

Mantiene el sindicato que el Gobierno ha renunciado a la viabilidad de Correos y, por el contrario, ha apostado por el abandono y consecuente hundimiento del operador. Así queda reflejado en los presupuestos generales del Estado (PGE) que por tercer año consecutivo, desde el año 2008, han decrecido y en los que el Gobierno "ha obviado la liberalización del sector postal que entrará en vigor el 1 de enero de 2011 con la que Correos perderá un espacio reservado de más de 1.000 millones de euros y lo deja en la peor situación para competir con el resto de los operadores que sí contarán para los próximos años con planes de inversión plurianuales que pueden llegar a triplicar los del operador público postal".

El propio ejecutivo, que en 2008 cifraba el coste del servicio postal prestado a los ciudadanos en más de 240 millones de euros, destinó 75 millones  en 2010, mermando más aún esa cantidad en los PGE para 2011 hasta dejarla en tan sólo 42 millones de euros, cifra que obligará a Correos a reducir al área de prestación en forma de reducción de plantilla, de buzones concentrados y, en definitiva, ahorrar costes a base de los derechos de los ciudadanos.

En la misma línea ha recortado la partida destinada a inversión -consignada para fortalecer al operador para competir- en más de 138 millones de euros desde 2008, de los 261 a los 123 de 2011 y el balance de déficit asciende a más de 85 millones de euros para el año que viene, lo que va a lastrar la capacidad competitiva de Correos de forma reversible ante la llegada de nuevos y potentes operadores.

En Extremadura la partida presupuestaria ha sufrido un tijeretazo de 1.712.000 euros, un 30,60% menos desde el año 2008 (Badajoz 1.528.000 euros, 40,39% y Cáceres 184.000 euros, 10,16%). La política de recorte aplicada por el ejecutivo se ha saldado con una reducción de plantilla de 95 puestos, con cierre de oficinas por la tarde, como Don Benito, Villanueva de la Serena, Almendralejo, Trujillo, Navalmoral de la Mata, etc., y mengua de horarios de atención al público, con barrios sin repartir, con la creación de buzones concentrados en contra de la contratación de plantilla en el ámbito rural, en definitiva, con una disminución del servicio prestado a los ciudadanos.