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El equipo de gobierno de Mérida ha elaborado un plan para "racionalizar" la estructura del ayuntamiento, que ha denominado Plan General de Ordenación de los Recursos Humanos, y que pretende, entre otras cuestiones, reorganizar la plantilla de trabajadores. Según ha explicado el alcalde de Mérida, Angel Calle, la actual plantilla "está mal equilibrada" y, a modo de ejemplo, argumenta que "faltan albañiles, carpinteros, fontaneros y jardineros", entre otros profesionales, "y sobran trabajadores de otros sitios". En cualquier caso, deja claro, que no eso no significa que se vaya a despedir a ningún trabajador municipal, sino que se trata de estructurar mejor los efectivos disponibles.

En la actualidad hay cerca de 900 trabajadores municipales, "es exagerado", comenta, y "se dan casos de que hay muchos jefes y pocos trabajadores y en otros al revés, muchos trabajadores y pocos jefes". Por ello, insistió, el plan elaborado pretende "redistribuir efectivos con el objetivo de mejorar el servicio". A este respecto, la reducción de horas extras y el control de las contrataciones temporales son dos medidas previstas.

Se trata, en definitiva, de asignar de forma homogénea a cada régimen de empleo (funcionario o laboral) aquellas actividades que mejor se adecuen a sus características, para una eficaz prestación de los servicios, partiendo de la opción preferente por el vínculo funcionarial. El plan prevé la funcionarización del personal laboral, algo que puede suponer un ahorro para el ayuntamiento de casi 300.000 euros en seguridad social.

Los trabajadores laborales fijos que no accedan de forma voluntaria a la condición de funcionario por el procedimiento que se acuerde o no superen el correspondiente proceso, conservarán su condición de personal laboral en el puesto de funcionario en el que haya reconvertido su puesto de trabajo, sin menoscabo de sus expectativas de promoción profesional, según figura en el Plan de Ordenación de los Recursos Humanos.

Por otro lado, hay otras medidas relacionadas con la gestión de los recursos humanos. En este sentido, el gobierno local propone adaptar la plantilla a las necesidades reales de los distintos departamentos, una revisión "periódica" de las relaciones de puestos de trabajo, y la amortización de los puestos de trabajo vacantes que permanezcan sin cobertura y que no respondan a las exigencias objetivas y organizativas de los distintos servicios. Además, contempla la "reducción sustancial" de las horas extraordinarias y "condicionar y limitar las ofertas públicas de empleo" a las plazas que se consideren prioritarias.


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