Una sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura ha condenado al Servicio Extremeño de Salud (SES) y a Zurich España a indemnizar con 9.000 euros a una mujer que se hizo una operación de ligadura de trompas en el hospital de Mérida para no tener más hijos y luego se quedó embarazada.

El fallo estima parcialmente el recurso de apelación interpuesto por Josefa G. G. contra una sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Mérida, donde puso una demanda por responsabilidad patrimonial al SES, en la que solicitaba una indemnización de 180.303 euros, que fue desestimada.

Josefa G.G. fue operada de ligadura de trompas en Mérida en septiembre del año 2000, en el servicio de Obstetricia y Ginecología del hospital, para no tener más hijos, ya que tenía seis y una situación económica precaria.

 

INFORME Al hospital llegó con un informe del Centro de Orientación Familiar de Mérida recomendado la ligadura de trompas que pedía la paciente. El documento justificaba esta solicitud alegando que Josefa G.G. sufría transtornos depresivos y ansiedad, crisis de angustias e insomnio por temor a quedar de nuevo embarazada, debido a su estado mental inestable y a su precaria situación económica.

También constaba en el informe que ese temor no desaparecía a pesar de que tomaba anticonceptivos para no quedarse embarazada, manifestando además que "su marido y ella mantienen relaciones sexuales a diario, relaciones de las que no disfruta y que procura evitar siempre que puede".

Ante de operarse, la paciente firmó un escrito de que lo hacía voluntariamente y aceptando una serie de términos. Uno de ellos advertía que el método era "irreversible" en cuanto a su futura fertilidad, pero también que "no existe garantía absoluta de eficacia".

 

INTERVENCION Fue intervenida quirúrgicamente el 19 de septiembre del 2000 sin incidencias ni complicaciones y según la técnica habitual. Cuatro días después fue dada de alta.

A los siete meses, el 23 de abril del 2001, Josefa G. G. sufrió una fuerte hemorragia por la que tuvo que ser ingresada urgentemente en el hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva, donde le diagnosticaron un aborto incompleto, por lo que se le practicó un aborto completo.

Esta situación le volvió a provocar transtornos psíquicos, miedo, tristeza, pérdida de la líbido y temor a volver a quedarse embarazada. Según un certificado médico, sufría estrés postraumático y tuvo que seguir un tratamiento con ansiolíticos y antidepresivos.

Por este motivo, en septiembre del 2001 presentó al SES (entonces el Insalud) una reclamación por responsabilidad patrimonial de 180.303 euros.

En la sentencia se recalca que la operación de ligadura de trompas fue correcta y que la posibilidad de quedarse embarazada, aunque infrecuente, en torno al 0,2%, es una eventualidad admitida en la literatura médica, tal como constaba en la hoja que firmó con el consentimiento de la intervención quirúrgica.