La portavoz en funciones de la Junta de Extremadura, Elena Manzano, ha instado al Gobierno central a que materialice “de una vez por todas” la ayuda estatal de 10.000 euros comprometida para las personas enfermas de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) y a que modifique la Ley de Rentas para declarar estas prestaciones exentas de tributación.

Manzano ha realizado estas declaraciones tras informar de que el Diario Oficial de Extremadura (DOE) ha publicado la apertura del plazo de solicitud de las ayudas autonómicas de 2.000 euros destinadas a extremeños diagnosticados de ELA, aprobadas por el Ejecutivo regional.

La cuantía de estas ayudas se mantiene en los 2.000 euros al no haberse aprobado los Presupuestos Generales de Extremadura para 2026, cuyo proyecto contemplaba un incremento hasta los 4.000 euros.

La portavoz ha subrayado que las familias de personas con ELA realizan “importantes esfuerzos económicos” para mejorar los tratamientos y la calidad de vida de los pacientes. Por ello, quienes ya hayan percibido estas ayudas en 2024 o 2025 podrán volver a solicitarlas para que se hagan efectivas en 2026.

En este contexto, Manzano ha reclamado al Ejecutivo central que, por un lado, active de forma efectiva la ayuda estatal anunciada. “En Extremadura estamos preparados para tramitarla, pero no se ha recibido ningún fondo que permita cubrir ese importe”, ha señalado, lo que impide a la administración autonómica proceder al pago.

Mientras la Junta está abonando sus ayudas, ha criticado, el Estado “se ha quedado en un mero anuncio”.

Asimismo, ha exigido una modificación del artículo 7 de la Ley de Rentas para que estas ayudas queden exentas, ya que actualmente tributan al considerarse ganancias patrimoniales, lo que obliga a los beneficiarios a incluirlas en la declaración de la renta.

Manzano ha recordado que Extremadura ha aprobado una deducción autonómica para evitar que los perceptores tengan que pagar impuestos por la ayuda regional. No obstante, ha advertido de que, aunque la tributación efectiva se anula, la ayuda sí computa como renta, lo que está generando problemas a “muchas familias”.

Entre ellos, ha citado casos en los que la percepción de estas ayudas eleva el nivel de renta familiar y provoca que algunos beneficiarios pierdan el acceso a becas educativas u otras prestaciones, una situación que, a su juicio, debe ser corregida por el Gobierno central.