La Junta de Extremadura ha exigido un trato equitativo en el traslado de menores migrantes no acompañados a las comunidades autónomas, después de que el Gobierno central haya fijado la capacidad ordinaria de acogida en la región en 344 plazas.

La consejera portavoz, Elena Manzano, ha destacado que Extremadura cumplirá la ley y mostrará su solidaridad, pero ha criticado la “imposición unilateral” del reparto, señalando que en otras comunidades como el País Vasco y Cataluña no se incluyen en los mismos criterios. Según Manzano, esta medida refleja una distribución desigual centrada en determinadas zonas del país.

El Consejo de Ministros aprobó este martes un real decreto que establece la capacidad ordinaria del sistema de protección y tutela de menores migrantes no acompañados. La normativa fija una ratio de 32,6 plazas por cada 100.000 habitantes y establece que aquellas comunidades que superen tres veces su capacidad ordinaria serán declaradas en situación de contingencia migratoria extraordinaria, activando así los protocolos de traslado.

El decreto da cumplimiento a la disposición adicional undécima de la Ley Orgánica 4/2000, modificada por el Real Decreto-ley 2/2025, y tiene como objetivo garantizar la protección del interés superior de la infancia y facilitar la distribución de los menores que lleguen a España, especialmente desde Canarias, donde se concentra la presión sobre los recursos de acogida.

Según el Gobierno, Andalucía, Cataluña y Madrid son las comunidades con mayor capacidad ordinaria de acogida, con 2.827, 2.650 y 2.325 plazas, respectivamente, frente a las 344 de Extremadura, lo que ha motivado la petición de la Junta para un reparto más justo.