Estas subvenciones, gestionadas por la Fundación Biodiversidad, están destinadas a reducir el impacto ambiental de los plásticos y mejorar la gestión y reciclaje de residuos.

Cuerpo, que hasta ahora era ministro de Economía, Comercio y Empresa, da así un paso clave en su trayectoria política, convirtiéndose en uno de los perfiles más relevantes del Gobierno central. 

Sánchez ha subrayado que esta jornada celebra "la fuerza, la historia y la belleza de Extremadura", destacando que se trata de un pueblo que, "ante las adversidades, demuestra su resiliencia y espíritu de unión".

La consejera portavoz, Elena Manzano, ha destacado que Extremadura cumplirá la ley y mostrará su solidaridad, pero ha criticado la “imposición unilateral” del reparto, señalando que en otras comunidades como el País Vasco y Cataluña no se incluyen en los mismos criterios. 

La Junta había solicitado un dispositivo mucho más amplio: 50 autobombas forestales, 200 efectivos especializados, varios aviones anfibios, helicópteros de distintas capacidades, ocho equipos de maquinaria pesada, cinco secciones de intervención y patrullas de vigilancia adicionales para la Sierra de San Pedro y el norte de Cáceres. 

Las empresas propietarias de la planta anunciaron la pasada semana su intención de solicitar una prórroga de tres años, y que, tras este anuncio, el Gobierno central ha respondido de forma favorable al posible trámite.

El Gobierno de España, que ha reiterado en diversas ocasiones su intención de esperar a la solicitud formal por parte de las compañías, será el encargado de valorar la viabilidad de dicha prórroga.

Uno de ellos está en el norte de Cáceres y recibirá una ayuda de 1.105.978,91 euros.

Esta actuación permitirá que los trenes de este tramo utilicen tracción eléctrica en lugar de diésel, lo que supondrá una importante reducción en el consumo energético y en las emisiones de gases de efecto invernadero, además de una mayor fiabilidad en la operación ferroviaria.

Estas 235 viviendas se suman a las 45 ya impulsadas en 2023 en la zona de La Calzada, conformando un total de 280 viviendas asequibles destinadas principalmente a jóvenes en procesos de emancipación, empleados públicos y familias de clase media.

Se trata de una medida que persigue atenuar la subida impuesta por el Gobierno de España y hacer una rebaja en el recibo del IBI que minore la presión fiscal de los vecinos de la ciudad.

El plazo de ejecución de la obra es de 40 meses y pese a haberse cumplido prácticamente la mitad del período, la inversión realizada desde febrero de 2022 ha ascendido tan solo a 2 millones.