La Guardia Civil en el marco de la operación “Saxum Tuberculum” en colaboración con el Servicio de Veterinarios Oficiales del Servicio de Sanidad Animal dependiente de la Dirección General de Agricultura y Ganadería de la Junta de Extremadura, ha investigado a siete personas por su implicación en delitos contra la salud pública, maltrato animal, intrusismo profesional, estafa y pertenencia a grupo delictivo.

El pasado mes de octubre el Equipo ROCA de la Guardia Civil de Badajoz tuvo conocimiento de las pruebas de saneamiento de “Detección de Tuberculosis Bovina” que se estaría llevando a cabo por el Servicio de Sanidad Animal de la Junta de Extremadura, en una explotación ganadera del término municipal de Badajoz, dentro del programa de Control y erradicación de la enfermedad obligatoria para todos los Estados Miembros de la Unión Europea.

Con el objetivo de verificar que las pruebas no se estuvieran alterando, los agentes giraron inspección a las instalaciones dentro de periodo establecido para la detección de la enfermedad durante las 72 horas siguientes a la inoculación del antígeno específico que en caso de ser positivo produciría una reacción local inflamatoria inducida.

Durante este proceso de la prueba de detección, no se puede administrar fármaco alguno a los animales para evitar alteración en los resultados. Fue en este momento, cuando sorprendieron a cuatro trabajadores manipulando medicamentos.

Algunas reses se encontraban ya en un corral tras haber pasado por una “manga o cepo”, y otras aún se encontraban alojadas en su interior. Lugar donde los operarios reducían su espacio de movilidad, supuestamente para facilitar la observación de la zona previamente inyectada por el antígeno, que, en caso de hallar inflamación administrarían medicamento para contrarrestarla. De esta manera evitarían que en la próxima inspección de los veterinarios fuera detectada la enfermedad.  

Inspeccionadas las reses junto a los veterinarios, pudieron observar un positivo en tuberculosis, interviniendo una jeringuilla en un contenedor de deshechos que ya había sido utilizada. Una vez analizado los restos de su contenido, se pudo saber que trataba de un corticosteroide antiinflamatorio con una amplia gama de efectos secundarios.  

También en las instalaciones hallaron numerosos medicamentos de uso veterinario y humano, incluso caducados, con útiles esenciales para su administración, que con las gestiones practicadas en el transcurso de la investigación se pudo constatar que su tenencia era injustificada, no pudiéndose acreditar la trazabilidad de algunos de ellos.

La finalidad de esta práctica sería evitar la inmovilización de los animales, que se verían expuestos a un seguimiento riguroso con el objetivo de controlar la propagación de la enfermedad y garantizar la protección de la salud pública, con las consiguientes pérdidas económicas que supone al ganadero.

Ante esto, se inmovilizó el ganado, y en el mes de junio se investigó a los cuatro trabajadores allí presentes como presuntos autores de los delitos contra la salud pública, maltrato animal, intrusismo profesional, estafa y pertenencia a grupo criminal, así como a los tres administradores solidarios de la empresa que gestiona la explotación ganadera por un delito contra la salud pública.