Ecologistas en Acción de Extremadura ha reclamado a las administraciones públicas “datos y claridad” sobre la gestión del proyecto de control del pez invasor Pseudorasbora parva (pez chino invasor) en el embalse de Alcollarín, tras la polémica generada por el vaciado controlado realizado entre finales de la primavera y el verano de 2025.

La organización ecologista denuncia que la opinión pública está recibiendo “información interesada y fragmentada” y reclama una auditoría técnica independiente que evalúe el diseño, ejecución y resultados de la actuación, financiada con fondos europeos Next Generation.

El plan, adjudicado en junio de 2024 a Ingeniería y Diseños Técnicos S.A.U. por un plazo de 30 meses, incluía actuaciones como despesques, clasificación de peces autóctonos, traslado de ejemplares, instalación de barreras aguas abajo y la elaboración de un manual de buenas prácticas. 

La Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) había advertido de que la especie invasora representaba hasta el 95% de la ictiofauna del embalse.

VACIADO Y CONTROVERSIAS

Durante el vaciado, que derivó en un descenso drástico del nivel del embalse, se registró mortandad de peces visible en superficie y orillas. Algunos vecinos hablan de malos olores, pérdida de aves acuáticas y posibles fallos en las barreras de contención, lo que podría haber facilitado la dispersión de la especie invasora aguas abajo.

La CHG sostiene que el agua desembalsada se destinó a regadío en Vegas Bajas, a través de Montijo, aunque colectivos ecologistas y expertos reclaman un informe oficial que detalle volúmenes, trazabilidad y calidad del recurso.

Ecologistas en Acción exige que la CHG y el MITECO publiquen de inmediato el plan de detalle, cronogramas, actas de replanteo, registros de operación de barreras, datos de capturas por especie, mortalidad y destino de los ejemplares. También piden muestreos en cauces receptores para comprobar la eficacia real de las medidas de contención y claridad sobre quién dirigió y supervisó la operación.

Por su parte, instan a la Junta de Extremadura a explicar si emitió informes previos, qué medidas de rescate y traslado de fauna se activaron y qué seguimiento se está realizando aguas abajo.

La organización plantea además la creación de una mesa técnica pública con participación de administraciones, expertos y sociedad civil, así como un programa de seguimiento de entre 12 y 24 meses. “Controlar especies invasoras es obligatorio y urgente, pero debe hacerse con métodos eficaces, transparentes y con la mínima pérdida de biodiversidad autóctona”, recalca el comunicado.