El objetivo de esta práctica, conocida como “smishing”, es ganarse la confianza de la víctima para obtener posteriormente una transferencia bancaria o un pago por Bizum.

La investigación se inició tras la denuncia presentada en el mes de febrero de 2025 por el responsable de una sociedad cooperativa olivarera de Cáceres.

La Cáritas Diocesana Coria-Cáceres ha alertado de la presencia de una persona que estaría utilizando de manera fraudulenta el nombre y la imagen de la entidad en varias localidades de la diócesis.

Este tipo de estafa informática provoca un doble perjuicio ya que las empresas pierden el dinero transferido de manera fraudulenta y, al mismo tiempo, deben satisfacer las facturas legítimas, que habían sido suplantadas.

La Fiscalía detalla que las consumiciones impagadas se concentraron principalmente en Opium, con tickets individuales que alcanzaron importes de hasta 25.795 euros en una sola noche.

Otro de los elementos que delatan la estafa es la referencia a un supuesto “servicio de atención al cliente”, una denominación que no corresponde a la Dirección General de Tráfico.

Este caso es un ejemplo claro de la estafa conocida como phishing, una práctica fraudulenta que consiste en el envío de mensajes falsos para engañar al usuario y obtener información sensible como claves de acceso, contraseñas o datos de firma bancaria.

La aplicación fraudulenta se presenta como una supuesta herramienta de inversión o de banca digital, con el objetivo de ganarse la confianza de los usuarios para que la descarguen e introduzcan datos personales o financieros, que posteriormente son utilizados de forma ilícita.

También se han detectado citas falsas enviadas por WhatsApp o SMS, en las que se solicita confirmar una gestión o acudir a una supuesta cita a través de enlaces fraudulentos o respondiendo con datos personales.

Ante esta situación, la policía insiste en que nunca se deben compartir códigos de verificación con terceros, ni siquiera cuando la petición parece proceder de una persona de confianza.

A los detenidos se les imputan diversos delitos, entre ellos estafa continuada, blanqueo de capitales, usurpación de estado civil, pertenencia a grupo criminal y otros asociados a la actividad delictiva.

Desde la Seguridad Social recuerdan que el INSS es el encargado de gestionar las prestaciones económicas del sistema, como pensiones y subsidios, mientras que la TGSS administra los recursos financieros y las cotizaciones de trabajadores y empresas.

El detenido, que cuenta con antecedentes policiales, está acusado como presunto autor de un delito de estafa continuada y blanqueo de capitales.

La sentencia, firme, también le impone una indemnización de 500 euros y una multa de 1.350 euros. 

Desde la Guardia Civil han recordado que la ciudadanía puede presentar denuncias de forma telemática, de manera completa y sin necesidad de desplazarse a una instalación oficial.

Los hechos fueron denunciados por la propia víctima, quien alertó de que se habían realizado numerosas operaciones bancarias sin su consentimiento mientras se encontraba ingresada en un centro hospitalario.

Las investigaciones se iniciaron el pasado mes de agosto, cuando ambas víctimas denunciaron haber sido objeto de robos tras quedar bajo los efectos de sustancias que habrían mermado su capacidad de reacción.

La estafa ha provocado un perjuicio económico cercano a los 200.000 euros.

Según la Guardia Civil, el detenido habría utilizado la documentación bancaria de la víctima para realizar compras por Internet, apuestas en plataformas de juego online y retiradas de efectivo en cajeros automáticos.

La investigación ha sacado a la luz un incremento patrimonial cercano a los 200.000 euros en apenas un año, con alrededor de una decena de víctimas identificadas.