La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha solicitado al presidente del Gobierno de España en funciones, Pedro Sánchez Pérez-Castejón, una convocatoria urgente de la Conferencia de Presidentes para abordar en su seno el alcance y los efectos de los acuerdos asumidos para resultar investido como Presidente del Gobierno de España.
Los principios de igualdad y solidaridad interterritorial recogidos en la Constitución de 1978, y refrendados por los gobiernos de las Comunidades Autonomías, son la garantía de que todos los territorios que integran el Reino de España ostentan los mismos derechos y tienen acceso a las mismas oportunidades para su desarrollo social y económico, indican desde la Junta de Extremadura.
Aseguran que «es un hecho que las condiciones del acuerdo que han trascendido para el apoyo en un próximo debate de investidura son incompatibles con el ordenamiento jurídico y las bases más elementales que sostienen el Estado de derecho. Este punto ha sido incluso advertido por escrito y trasladado a la opinión pública por parte del Poder Judicial. Nos encontramos ante decisiones que, de adoptarse, tendrán consecuencias en todas las autonomías y afectarán a la convivencia entre españoles», añade el comunicado.
«Circunstancias ya expresadas, como la aprobación de una ley de amnistía, la condonación de la deuda sin que haya mediado la negociación preceptiva en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera o el traspaso de competencias a determinadas regiones, confieren privilegios a una parte de España que chocan con la protección constitucional y que ampara al conjunto de los extremeños y españoles», indica la Junta.
Aseguran que el gobierno de la Junta de Extremadura no es ajeno a la preocupación social manifestada públicamente y de forma masiva por los ciudadanos extremeños en las calles, ante el alcance de los acuerdos ratificados por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y las fuerzas políticas independentistas para la conformación de un nuevo Gobierno de la nación. «El Ejecutivo extremeño quiere hacer valer la igualdad entre todos los españoles, el principio de legalidad, la separación de poderes y la seguridad jurídica, consagrados por la propia Constitución española como pilares de la convivencia que pueden verse seriamente comprometidos en el actual contexto político», explican desde el Ejecutivo regional.
«Ante la potencial alteración de las normas básicas de convivencia, la Presidenta de la Comunidad Autónoma de Extremadura ha solicitado al Presidente del Gobierno de España en funciones, el día 14 de noviembre, la convocatoria urgente de la Conferencia de Presidentes para que se traslade al conjunto de presidentes autonómicos los efectos que tendrán los requisitos asumidos para alcanzar la próxima investidura».
La Conferencia de Presidentes es el órgano de máximo nivel político de cooperación entre el Estado y las Comunidades Autónomas, y es un instrumento fundamental de negociación multilateral. Constituida por el Presidente del Gobierno y por los Presidentes de las diecisiete Comunidades Autónomas y de las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla, sus miembros deben actuar según el principio de lealtad institucional.
El Reglamento de esta Conferencia de Presidentes recoge en su artículo 2.1, entre sus funciones, la de debatir sobre las grandes directrices de las políticas públicas, sectoriales y territoriales de ámbito estatal o que afecten a los intereses o al ámbito competencial de diversas comunidades autónomas, sobre las actuaciones conjuntas de carácter estratégico, y sobre los asuntos de importancia relevante para el Estado de las Autonomías, que afecten a los ámbitos competenciales estatal y autonómico.
«La Junta de Extremadura se manifiesta de forma inequívoca en defensa de la igualdad, y, ante la preocupación e inquietud de la sociedad española y extremeña a la vista de los acuerdos conducentes para la investidura, resulta imprescindible la convocatoria de dicha Conferencia. Urge, por tanto, clarificar las consecuencias de tales compromisos políticos dado que suponen, ya a priori, un menoscabo evidente a los principios básicos que configuran el Estado de derecho. La sociedad extremeña requiere de actuaciones que aseguren la defensa de sus derechos y legítimas aspiraciones. El justo trato que reivindica el gobierno de la Junta de Extremadura no puede comprometerse por compromisos incompatibles con el interés general de España, y en particular de los ciudadanos extremeños», afirma el Ejecutivo regional.
«Ante el actual contexto social y político y sus consecuencias directas en las comunidades autónomas, la Junta de Extremadura estima necesaria la solicitud de la convocatoria urgente de una Conferencia de Presidentes. Esta debe reunirse previamente a la celebración del próximo debate de investidura del Presidente del Gobierno de España para abordar, en tiempo y forma, las consecuencias de los citados acuerdos «. Esta petición se atiene a los principios que rigen el funcionamiento adecuado de nuestras instituciones. De conformidad con lo establecido en el artículo 13 a) de la Ley del Gobierno de la Comunidad Autónoma, a propuesta de la Presidenta de la Junta de Extremadura, previa deliberación del Consejo de Gobierno, en su reunión del día 14 de noviembre de 2023, se adopta el siguiente acuerdo
