El Partido Popular y Vox han votado a favor en el pleno de la Asamblea de Extremadura la convalidación del Decreto-ley 4/2023, de Medidas Fiscales que ha salido adelante gracias a su mayoría de votos de la Cámara regional. El decreto incluye medidas como reducir los tipos de los dos primeros tramos de la tarifa autonómica del IRPF al 8 y 10%. PSOE y Unidas por Extremadura han votado en contra al considerar que sólo beneficia a las rentas más altas.

Durante su intervención en la que ha defendido la aprobación del decreto, la consejera de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Extremadura, Elena Manzano, ha explicado que el carácter de urgencia es debido a la necesidad de atajar desigualdades y hacer justicia tributaria y ha indicado que, según establece el artículo 86 de la Constitución Española un Decreto ley se puede utilizar «en caso de extraordinaria y urgente necesidad», apuntó.

En relación a la bonificación al 100% del Impuesto de Patrimonio Manzano ha señalado que el principal objetivo es «atraer inversión y fijar población» ya que el Gobierno de Fernández Vara se ha dedicado a «expulsar a la gente». En este sentido, la consejera ha añadido que este impuesto, por el que solo se recaudan 5,9 millones de euros, supone el 0,076 % de los ingresos de la región.

Manzano también ha criticado que Extremadura sea la Comunidad Autónoma con la presión fiscal más elevada mientras que las rentas son las más bajas del país. Así, y en lo que respecta a los precios del alquiler, se ha elevado la deducción por alquiler de vivienda habitual pasando de un 5 o 10% en el caso de zonas rurales, a un 30% e incrementando los límites de 300 y 400 euros anuales, a 1.000 y 1.500. También se aumentan los límites de renta para llegar a más contribuyentes, hasta los 28.000 en tributación individual y 45.000 en conjunta. Y, por primera vez podrán beneficiarse de esta bonificación las familias monoparentales.

A lo anterior se suma una bajada al mínimo legal del Impuesto Especial sobre determinados medios de transporte, el llamado impuesto de matriculación, «para corregir un agravio comparativo con el resto de regiones e impulsar el sector automovilístico», destacó Manzano. Según la consejera, el impacto de estas medidas se cuantifica en 69.701.541,27 euros, y sólo en IRPF estiman recaudar en este ejercicio 202 millones más que en 2022 y en IVA 202 millones más.

Igualmente, la titular de Hacienda y Administración pública manifestó que a estas medidas de carácter tributario se añaden otras dirigidas a favorecer a aquellos que generan empleo, riqueza y desarrollan la región como son los autónomos a los que se les va a pagar 960 euros que equivale al coste de la primera cuota de ingreso en RETA.

Por su parte, la portavoz del Grupo Socialista, Soraya Vega, afirmó durante su intervención que el decreto es una imposición de privilegios fiscales a quienes más tienen. El diputado de Unidas por Extremadura, José Antonio González advirtió que las medidas se notarán en los servicios públicos de la región.

El diputado de Voz Álvaro Sánchez Ocaña ha manifestado su apoyo a las rebajas fiscales y ha declarado que la prioridad absoluta es la bajada de impuesto y acabar con los tipos abusivos  y el gasto superfluo.

Imagen: Elena Manzano, consejera de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Extremadura.