La Junta de Extremadura ha anunciado que gravará con un nuevo impuesto a los propietarios de cinco o más viviendas vacías durante más de un año sin causa justificada, independientemente de que se trate de personas físicas, empresas, fondos o grupos fiscales.

La consejera de Movilidad, Transporte y Vivienda, Leire Iglesias, ha comparecido este jueves en la Asamblea de Extremadura y ha explicado a grandes rasgos cómo se aplicará este nuevo tributo a los que considera «grandes tenedores», es decir, aquellos que posean cinco inmuebles a nombre de una misma persona o sociedad. La nueva Ley posibilitará la aplicación del impuesto a quienes mantengan inmuebles desocupados de manera ininterrumpida durante un período superior a los 12 meses sin causa justificada.

Iglesias ha asegurado que «la regulación de este impuesto no tiene una pretensión recaudadora», sino que pretende dinamizar un parque edificado que no cumple ninguna función, no es necesariamente especulativo pero tampoco se adecúa a su uso. El Ejecutivo regional sostiene que con la situación actual se mantiene ocupado el espacio urbano de los municipios mientras que estos demandan nuevas edificaciones para dar respuesta a necesidades de la ciudadanía.

La consejera no ha entrado en detalles sobre lo que se considerará una causa justificada, dejando en el aire dudas como la imposibilidad de los propietarios de alquilar un inmueble pese a que lleven meses intentándolo. Con respecto a este asunto solo ha aclarado que la definición de vivienda desocupada permitirá y será compatible con la aplicación del recargo a los inmuebles de uso residencial con carácter permanente del Impuesto sobre Bienes Inmuebles establecido en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales de 2004 y que el Anteproyecto de la Ley Estatal por el Derecho a la Vivienda extiende del 50% al 150%».

En este sentido ha dicho que el nuevo impuesto se aplicará en función de los metros cuadrados de cada inmueble y estará dirigido a propietarios «con capacidad para tensionar el mercado residencial».

FONDO DE GARANTÍA DE ADQUISICIÓN DE VIVIENDA

En su comparecencia, la consejera se ha referido a la creación de un fondo de garantía de adquisición de vivienda de Extremadura y ha considerado que la reforma de las leyes hipotecarias que antes financiaban el total del crédito para la compra de un inmueble, en este momento lo tienen limitado, con carácter general, al 80%. Esta circunstancia hace, en opinión de la consejera, que se dependa de capacidad de ahorro suficiente, de patrimonio o de algún aval personal para poder formalizar un préstamo de compra de vivienda.

La creación del Fondo de Garantía para la compra de viviendas se ha marcado el objetivo de solventar esas barreras para la financiación mediante el aval de la parte no financiada del préstamo y para el que se buscará la colaboración de las entidades financieras.

El Gobierno regional también arbitrará mecanismos para evitar «mediante la fuerza institucional» la pérdida de la vivienda sin ningún tipo de alternativa, especialmente cuando se trata de proteger a la infancia mediante un mecanismo por el que, una vez tenido conocimiento de estas situaciones se movilicen todos los recursos al alcance de la Junta de Extremadura, incluidos la concesión directa de ayudas, la intermediación, la adquisición de inmuebles o la búsqueda de soluciones habitacionales temporales e inmediatas.

En este sentido, Iglesias ha destacado la importancia de consolidar legalmente algo que ya está incorporado al plan regional de vivienda que avanza en la notificación a las Administraciones públicas competentes de las situaciones de lanzamiento de vivienda, por lo que se hace imprescindible contar con los recursos que puedan darle respuesta.