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Agentes de la Guardia Civil del SEPRONA de Cáceres han detenido a un hombre de 39 años, vecino de Badajoz, que se hacía pasar supuestamente por veterinario y prestaba los servicios propios de la profesión y al que se le acusa de los delitos de usurpación de funciones públicas, intrusismo profesional y falsedad documental.

Además, por la operación “Frumemtum”, han sido investigados dos veterinarios titulados y el empleado de un establecimiento comercial dedicado a la venta de productos zoosanitarios por su supuesta implicación en los hechos, al, directa o indirectamente, facilitarle supuestamente el acceso a medicamentos y tratamientos que posteriormente se encargaría de aplicar en los animales.

Según ha informado la Guardia Civil en nota de prensa, entre los clientes a los que prestaba servicios el detenido, simulando ostentar la condición de veterinario, se encontraban usuarias de un proyecto en el que se donan perros de protección a mujeres víctimas de violencia de género.

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Además, participó en diferentes campeonatos caninos celebrados en los últimos años, a nivel nacional y regional, ejerciendo igualmente el papel de veterinario titulado.

La Guardia Civil ya ha entregado las diligencias del caso al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción, en funciones de guardia, de Almendralejo (Badajoz).

Las investigaciones se iniciaron a mediados de marzo de 2021, tras detectar los agentes del SEPRONA, diversas irregularidades en la expedición de documentos, de carácter oficial, suscritos por el detenido a cambio de contraprestaciones económicas, y en los que certificaba prácticas reservadas, con carácter exclusivo, a veterinarios.

Sin embargo, las referencias a los números de colegiados veterinarios en los documentos y certificados se correspondían con dos profesionales veterinarios, cuyas identidades venía suplantando, según ha apuntado la Guardia Civil.

Además, la firma comercial que aparecía estampada en los documentos en realidad era una empresa ficticia e inexistente en el territorio nacional, que no guardaba relación con el sector agro-veterinario.

Así, al detenido se le acusa también de aplicar tratamientos preventivo-sanitarios como la vacunación antirrábica y la desparasitación y también de implantar microchips en animales de compañía con posibles “consecuencias perjudiciales para el bienestar de los animales, sin obviar el desprestigio de la profesión”.

Además, se le imputa la adquisición de medicamentos de uso exclusivo veterinario en establecimientos comerciales, tras suplantar la identidad de profesionales titulados.


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