La Asamblea de Extremadura ha aprobado, con los votos de PSOE, Cs y Unidas por Extremadura, instar a la Junta a garantizar la libre y gratuita interrupción voluntaria del embarazo en la sanidad pública, así como otras actuaciones en materia de derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.

Esta propuesta de Unidas por Extremadura, que el PP ha rechazado, recoge garantizar el acceso legal, seguro y gratuito a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) de manera progresiva dentro de los servicios hospitalarios y ambulatorios de la red sanitaria pública.

En su propuesta, Unidas también ha pedido impulsar la formación permanente al profesorado para dotarlo de las herramientas necesarias que les permita interactuar con el alumnado en materia de educación para la salud, incluida la afectivosexual.

Establecer servicios de atención a la salud sexual y reproductiva para jóvenes y adolescentes, las 24 horas/365 días, y recoja la violencia obstétrica, la explotación reproductiva, la esterilización forzosa y el aborto forzado como formas de violencia contra las mujeres son otras de las medidas de esta propuesta aprobada.

La diputada de Unidas Lorena Rodríguez, que ha aceptado una enmienda al texto presentada por el PSOE, ha explicado que muchas mujeres extremeñas se ven obligadas a trasladarse a otra provincia o comunidad para ejercer ese derecho al aborto, no hay información suficiente desde las instituciones públicas para ejercer esta prestación.

«Ustedes -dirigiéndose a PSOE y Unidas- no nos representan, así que, por favor, no vuelvan a hablar en nombre de todas las mujeres», ha dicho la diputada del PP Elena Nevado al inicio de su intervención.

Nevado ha asegurado que muchas mujeres se han visto obligadas a abortar por falta de recursos económicos y careciendo de apoyos psicológicos. «A ustedes les importa la ideología, no la gente», ha aseverado la diputada del PP.

Previamente, Ciudadanos (Cs) ha instado a la Junta a ampliar la ratio de beneficiarios del Servicio de Teleasistencia a cuantas personas, adultas y mayores estén en situación de soledad o desarraigo familiar o padezcan alguna enfermedad o falta de los recursos que les impidan la gestión en situaciones de emergencia.

Según la diputada Encarnación Martín, la teleasistencia es un servicio de finalidad claramente preventiva, de ahí que deba ampliarse sus beneficiarios, dando cabida a personas adultas que por su situación personal aconsejen tener a su disposición un servicio que sirva de apoyo en situaciones de emergencia, vulnerabilidad, inseguridad, soledad y aislamiento.

Dicha propuesta ha sido rechazada con el voto mayoritario del PSOE, mientras que el resto de grupos ha votado a favor.

La tercera propuesta de impulso abordada ha llegado de la mano del PP, que ha solicitado al Gobierno de España la inmediata recuperación de la totalidad de los vuelos regulares del aeropuerto de Badajoz y a iniciar la contratación urgente de la obra “Nuevo acceso al aeropuerto de Badajoz desde la N-V”, a la que el PSOE ha presentado una enmienda de sustitución.

Según los populares, actualmente sólo se opera en el 50 % de los vuelos, los cuales, según han recordado, son de Obligación de Servicio Público. Esta propuesta ha sido rechazada, pues el PSOE ha votado en contra, mientras que PP y Cs la han apoyado, y Unidas se ha abstenido.

La última propuesta de impulso del pleno, presentada también por el PP, se instaba al Ejecutivo central que se garantice la participación de las Entidades Locales en el 15 % de los fondos que recibirán las CCAA de Europa (Fondos REACT-EU) y del Gobierno de España, una vez descontados los gastos de sanidad.

El voto mayoritario del PSOE en contra de la propuesta la ha tumbado, mientras que PP y Cs la han apoyado, y UNidas se ha abstenido.

Finalmente, el pleno ha aprobado dos propuestas de pronunciamiento. Una primera, con los votos a favor de PSOE y Unidas, en la que se insta al Gobierno de España a solicitar una auditoría a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, con el objeto de analizar todos los costes integrados en la tarifa eléctrica, como condición indispensable que permita conocer cuánto cuesta realmente producir energía eléctrica, qué es lo que pagamos y qué es lo que recibimos a cambio.

La segunda, aprobada también, esta vez con los votos de todos los grupos a excepción de Unidas, que se ha abstenido, se insta al Gobierno de España a adjudicar y formalizar urgentemente la contratación de los servicios para el desarrollo del Programa Turismo Social del IMSERSO para personas mayores y a desarrollar el Programa de Termalismo Social en Extremadura. EFE