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Agentes de la Guardia Civil, pertenecientes al Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de Coria  investigan a tres personas por supuestos delitos sobre la ordenación del territorio y el urbanismo al realizar obras de construcción en suelo calificado como  no urbanizable en el municipio cacereño de Cilleros.

A lo largo del pasado mes de marzo de 2021, efectivos de La Guardia Civil del SEPRONA  de Coria detectaron en distintas parcelas ubicadas en el término de Cilleros la ejecución de obras consistentes en la construcción de tres edificios de nueva planta de uso residencial autónomo, careciendo los promotores de los permisos preceptivos que acreditaran la legalidad de los procesos constructivos.

Tras consultar los instrumentos de planeamiento territorial y urbanístico del municipio, y de conformidad con la Ley 11/2018, de 21 de diciembre, de ordenación territorial y urbanística sostenible de Extremadura, se pudo constatar, además, que el suelo donde se estaban realizando las construcciones se encontraba catalogado como no urbanizable y de protección genérica “ sin constar la tramitación de solicitud alguna, ante el órgano de la administración local competente, para la concesión de la preceptiva licencia de obra” .

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Tampoco consta aportación de los correspondientes proyectos técnicos, ni procedimiento administrativo alguno para la obtención de la calificación urbanística previa al inicio de los actos edificatorios, acreditándose, con todo ello, la clandestinidad de las actuaciones, según ha informado la Comandancia de la Guardia Civil de Cáceres.

Además en las parcelas, en cuyo interior se estaban ejecutando las obras, no reunían la superficie mínima exigida por la normativa urbanística en vigor, no se respetaban las distancias mínimas a linderos y a la delimitación del suelo urbano, los edificios superaban la altura máxima permitida representando, además, riesgo de formación de nueva urbanización o extensión del núcleo de población, batería de incumplimientos que suponían la imposibilidad jurídica de la legalización de las citadas construcciones, añade la investigación.

Los investigados están acusados de cometer un delito sobre la ordenación del territorio y el urbanismo, recogido en el vigente Código Penal, y para el que se establecen penas de hasta cuatro años de prisión, habiéndose remitido el conjunto de las actuaciones al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción en funciones de guardia de Coria y copia de las mismas a la Fiscalía de Medio Ambiente.


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