La portavoz de Unidas Por Extremadura, Irene de Miguel, ha interpelado a la consejera para la Transición Ecológica y Sostenibilidad, Olga García, tras la sentencia del TSJEx publicada la pasada semana en la que “se desestimaba el recurso interpuesto por la empresa minera que quería extraer uranio en la Sierra Suroeste y a la que su Consejería anuló el permiso de investigación que ustedes mismos le habían concedido un año antes”.
De Miguel ha denunciado que la Junta “ha actuado dando carta blanca a todas las empresas que deciden hacerse con nuestros minerales aunque no presenten la documentación necesaria”.
Y es que para la portavoz de Unidas por Extremadura “esta sentencia supone la victoria de la movilización popular que han llevado a cabo los pueblos del entorno en contra de esta mina. Ciudadanos que ante esta sentencia respiran ya aliviados. Pero también supone un tremendo varapalo para la gestión que realiza su Consejería en este ámbito, ya que básicamente la sentencia viene a decir que ustedes concedieron el permiso de investigación saltándose la ley y cometiendo ilegalidades”.
En esa dirección, la diputada y portavoz ha destacado que “si los pueblos de la Sierra Suroeste no se hubieran levantado y organizado hoy tendrían una mina de uranio con permisos ilegales en la puerta de su casa gracias a usted. Esta ha sido la práctica habitual de su Consejería a la hora de dar permisos de investigación minera”.
Por eso, De Miguel ha criticado que desde la Junta “se escudan siempre en decidir que la administración debe de dar seguridad jurídica a las empresas que se quieran instalar en Extremadura. Da igual con qué proyecto y cómo afecte este a la población extremeña. Por desgracia, lo que nos alarma a nosotros y a la ciudadanía no es eso, es la inseguridad jurídica que ustedes dan a la población extremeña. Para las grandes empresas multinacionales ya sabemos que les falta tiempo para ponerles alfombra roja pero a los vecinos a los que afectan de lleno estos proyectos ustedes los ignoran”.
