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Hacia una ecología de la atención

Para Extremadura es prioritario impulsar toda iniciativa industrial que impida el saqueo del territorio, que por ancestral debemos revertir. ¿Cómo hacerlo?

A las regiones europeas últimas de la fila un cierto parón nos resitúa no para caer en lo mismo, aunque se quiere denominar “nuevo”; no para volver a la senda de más valdecañas, más extractivismo minero, más dehesas abandonadas, más regadíos inútiles, más monocultivos forestales como si la historia se hubiera parado. Tenemos que resituarnos para potenciar las capacidades humanas y fuerzas sociales necesarias antes de que nos quedemos sin ellas.

Al menos desde tres sectores más allá de la clásica división económica, hoy ya muy amalgamada, deberíamos estructurar la región teniendo en cuenta tanto el nuevo contexto global sanitario como el de la emergencia climática, íntimamente relacionadas, donde relativicemos conceptos como crecimiento y competitividad. No se trata de dejar de ser los últimos, sino de tener más claro lo que disponemos tanto dentro como fuera. Hay que elegir hacia dónde vamos, pero no despreciando a sus habitantes.

Tres ámbitos: el de la energía propia, el de la producción, transformación y consumo de alimentos y el de las infraestructuras y transporte, estructurado en una red de investigación interdisciplinar y transversal que evite la emigración galopante y dé sentido a las nuevas maneras en un planeta finito.

Centrándonos en el ámbito energético, hasta ahora, el territorio se está ocupando mayoritariamente con energía fotovoltaica dando prioridad a empresas del monopolio eléctrico, así como con plantas de solar térmica que hoy están en manos de fondos buitre en paraísos fiscales europeos. Dando prioridad por tanto a los mismos capitales  que nos esquilmaron el territorio.

Pero Extremadura, ahora, necesita un desarrollo endógeno que permita que jóvenes formados y empresas instaladoras puedan quedarse en la región. Que pymes se especialicen en sectores relacionados con la transición energética y que haya una fiscalidad que se quede en la región acorde con lo invertido. Debemos orientar el rumbo de la sustentabilidad hacia la participación ciudadana también en la energía que demandamos en edificaciones y en nuestros pueblos y ciudades, en los polígonos industriales y en las explotaciones agropecuarias.

Y resulta que el marco europeo nos lo permite, a través de la directiva relativa al mercado interior de la electricidad, que la legislación española debe trasponer. En ella se recogen dos modelos que, para Extremadura, según su reparto poblacional, supondría un enorme potencial, teniendo en cuenta que el noventa por ciento de los municipios tiene una población inferior a cinco mil habitantes y con 15 ciudades de tamaño medio. Otro diseño industrial en torno a la energía debe plantearse para cambiar la visión sobre el desequilibrio y empobrecimiento territorial.

Por una parte se define la Comunidad Local de Energia (CLE) como  “una asociación, cooperativa, sociedad, organización sin afán de lucro u otra entidad jurídica que esté controlada por accionistas o miembros locales, generalmente orientada al valor más que a la rentabilidad, dedicada a la generación distribuida y a la realización de actividades de un gestor de red de distribución, suministrador o agregador a nivel local…”.Es decir que a cada ciudadano se le permita  participar directamente tanto en la producción, como en el consumo y en el reparto de la  energía.

Por otra parte, se define La Comunidad Ciudadana de Energia (CCE), como: “una entidad jurídica de participación voluntaria y abierta que esté efectivamente controlada por los accionistas o miembros que sean personas físicas, autoridades locales, incluidos los municipios, o pequeñas empresas, que su objetivo principal sea ofrecer beneficios medioambientales, económicos o sociales a sus miembros o en la localidad en la que se desarrolla su actividad, más que generar una rentabilidad financiera”. Una comunidad puede participar por tanto en la generación de energía procedente de fuentes renovables, pero también de la distribución, la agregación y el almacenamiento de la energía.

Y lo que es más importante, dadas las características territoriales de Extremadura, la directiva establece que el gestor de distribución, en nuestro caso Edesa e Iberdrola, coopere, a cambio de una compensación justa con las comunidades ciudadanas de energía para así facilitar transferencia de electricidad entre estas. Cuando hay una comunidad en el escenario de consumo de red se reducen hasta un 40% los costes, dado el número de horas de funcionamiento en nuestras latitudes. ¿Por qué no lo permitimos?

Todo un reto de transformación sustentable, (económica, social y ecológica) que puede hacer que las poblaciones más pequeñas de Extremadura se autogeneren, ahorren y que las ciudades medianas compartan generación de demanda y urbanismo de calidad. No todo son placas y artilugios electrónicos, el consumo pasivo (arquitectura y urbanismo bioclimático) es una realidad que representa el 25% de nuestro gasto energético.

No se trata solo del autoconsumo, sino de un autoconsumo compartido y responsable, donde el ahorro y la eficiencia son claves para un territorio muy extenso y con baja densidad de población.

En este modelo el papel de los municipios es muy importante (comarcalizados mucho mejor) pero también de todo el tejido productivo de cada zona, articulados en torno a una energía menos devoradora. Toda una nueva reestructuración hospitalaria, educativa y de cuidados debe beneficiarse fácilmente de este ahorro energético. Ya hay ejemplos pioneros en marcha en distintas comunidades autónomas y también en la vecina Portugal.

Y no solo es una cuestión energética sino de supervivencia regional. La Junta de Extremadura debe asumir su responsabilidad a través del “plan extremeño integrado de energía y clima” (20121-20’30) que como no mejore será un desastre para las gentes de le región y un enorme beneficio para las multinacionales y fondos buitre de inversión. Todo esto, eso sí, fruto de la “nueva normalidad”


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