Los servicios jurídicos de la Junta de Extremadura están estudiando si es viable que los ayuntamientos dispongan de un listado con la identidad de los vecinos obligados a permanecer confinados en sus casas por haber resultado contagiados por Covid o ser grupo de riesgo.
El Servicio Extremeño de Salud (SES) tiene la intención de plantear esta medida en la reunión del comité técnico constituido para realizar el control del proceso del desconfinamiento. En caso de ser aplicada afectaría a todas las personas con síntomas sospechosos de padecer coronavirus, a aquellos a los que una prueba les haya considerado positivos y a quienes hayan estado en contacto con enfermos y pudieran haber resultado infectados.
De prosperar la medida, los ayuntamientos de Extremadura dispondrían de un listado en el que aparecerían los nombres y apellidos de todas las personas obligadas a continuar confinadas en sus domicilios y que no pueden salir a la calle ni siquiera en los supuestos que contempla la fase inicial del proceso de desescalada en que nos encontramos.
Sin embargo la aplicación de esta medida no es sencilla y por ello la están analizando los servicios jurídicos de la Junta de Extremadura. El Gobierno regional ha asegurado a Radio Interior que "de momento es una propuesta que debe ser revisada" para que se decida si es viable desde el punto de vista jurídico.
La Junta de Extremadura no va a proporcionar más detalles sobre esta medida hasta que el Gobierno autorice a las provincias de Cáceres y Badajoz abandonar la fase 0, o inicial, y pasar a la fase 1. La propuesta va a ser estudiada en las próximas horas por el Gobierno, que es el que decidirá si se avanza a la fase siguiente y en ese caso se adoptarán medidas como ésta cuyo fin es evitar la propagación de la enfermdad mediante un mayor control de los ciudadanos que constituyan un grupo de riesgo.
Hasta la fecha la Junta de Extremadura solamente ha informado del número de contagiados, fallecidos e ingresos hospitalarios que han tenido lugar en las diferentes áreas de salud de la región de forma anónima y la puesta en marcha de esta propuesta podría ser contraria a Derecho, invadir el terreno de varios preceptos contitucionales y contravenir leyes como la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.
