CELIA CORDERO
El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Extremadura ha emitido un auto por el que mantiene la tramitación de diligencias previas sobre la exedil de Plasencia y actual portavoz de Cs en la Asamblea de Extremadura, María Victoria Domínguez, ante la posibilidad de presuntos delitos continuados de prevaricación o de omisión del deber de perseguir delitos.
Estas diligencias previas, a través del trámite del procedimiento abreviado, afectan a Domínguez, que fue concejala de Urbanismo en la capital del Jerte entre 2007 y 2010; a los también exediles Mónica García y Francisco Barbancho, y a la que exalcaldesa de Plasencia, Elia María Blanco.
Concretamente las pesquisas hacen referencia a posibles construcciones ilegales en la sierra de Santa Bárbara y la no ejecución de procedimientos de demolición de obras en suelos no urbanizables.
En los razonamientos jurídicos plasmados en el auto, el magistrado de la Sala de lo Civil y Penal del TSJ-Extremadura expone que, a la vista de la instrucción, "es evidente que los hechos investigados ponen de manifiesto la existencia de múltiples construcciones de viviendas en terreno no urbanizable -Sierra de Santa Bárbara- y sin licencia administrativa".
Por dicha circunstancia, añade, "podría haberse producido el delito de prevaricación administrativa o la omisión del deber de perseguir delitos".
En cuanto a la prevaricación urbanística omisiva, el magistrado se pregunta "cómo es que el Ayuntamiento" de Plasencia "no ha cumplido con su obligación" de restaurar la legalidad urbanística ante las denuncias de la propia Policía Local "por la construcción y obras sin licencia".
También cuestiona "por qué, pese a expedientes administrativos que ordenan la suspensión de las obras", y dado que las obras "no fueron nunca legalizadas por no ser posible al ser las mismas contrarias a la legalidad urbanística, no se ha llevado a cabo ninguna demolición".
Por ello, deduce que "la pasividad del Ayuntamiento ha permitido la consolidación de las edificaciones ilegales".
A su juicio, la no actuación de los concejales y la alcaldesa supuso "apartarse de los parámetros de la legalidad, convirtiendo su inacción en una expresión de su libre voluntad de permitir edificaciones al libre albedrío, fuera de lo permitido por el ordenamiento urbanístico".
Los hechos en los que se funda la denuncia son consecuencia del resultado de las investigaciones judiciales llevadas a cabo sobre delitos contra la ordenación del territorio.
En opinión del magistrado, el paraje de Sierra de Santa Bárbara "ha sido objeto desde hace mucho tiempo de un constante proceso de construcción ilegal masivo", con edificaciones que "no se ajustan a la legalidad ni pueden ser autorizadas, careciendo de licencia municipal".
De hecho, apunta posibles infracciones con respecto al antiguo Plan General de Ordenación Urbana de Plasencia (1997) pero también sobre el vigente (2015).
