El Gobierno de Extremadura ejecutará la sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) que ha anulado el concurso por el que se adjudicaron 41 emisoras de radio de frecuencia modulada en esta comunidad autónoma en el año 2009, y la cual obliga a puntuar de nuevo las 21 licencias solicitadas por la sociedad Radio Interior, que no obtuvo ninguna concesión.
La postura la ha dado a conocer esta mañana en Mérida en rueda de prensa el consejero de Administración Pública, Pedro Tomás Nevado-Batalla, quien ha afirmado que la sentencia en cuestión es "meridiana, contundente y clara".
Para Nevado-Batalla, "lo más cómodo hubiera sido recurrir en casación al Tribunal Supremo", pero "los argumentos que utiliza la sentencia son tan contundentes" que el Gobierno extremeño no puede menos que ejecutarla sin buscar ningún recurso.
El concurso para la concesión de licencias de emisoras de radio fue convocado en el año 2007 por la Junta de Extremadura, entonces presidida por el socialista Guillermo Fernández Vara, y la sentencia "apunta de manera muy grave al mal comportamiento de la administración", según el consejero.
Nevado ha asegurado que desde un punto de visto administrativo genera una situación de "cierta dificultad", en tanto que "supone la anulación de 21 de las 41 emisoras que en su momento fueron adjudicadas". La decisión de ejecutar la sentencia, y de por tanto no recurrirla en casación ante el Tribunal Supremo, ha sido adoptada tras una "larga" reunión mantenida por el Gabinete de Presidencia y los Servicios Jurídicos autonómicos, tal y como informó a los medios de comunicación.
ARGUMENTOS CONTUNDENTES
Para Nevado-Batalla, los argumentos que el TSJEx utiliza en su fallo son "contundentes y no pueden ser soslayados por un Gobierno vinculado al principio de legalidad".
El consejero ha manifestado que la sentencia, desde el punto de vista estrictamente técnico, acusa de manera "grave" a la administración entonces competente sobre todo de "afectar a los principios de seguridad jurídica" y de actuar de manera arbitraria.
Según Nevado, el Gobierno actual "no quiere mantener en el tiempo una situación que, sin duda alguna, está abocada nuevamente a reiterar la nulidad de pleno derecho de esas 21 adjudicaciones y no quiere afectar tampoco, dilatando en el tiempo, lo que es el derecho a la tutela judicial efectiva" de Radio Interior, que fue la empresa que interpuso el recurso con la adjudicación.
REGULARIZACIÓN DEL SECTOR
"No ha sido sencillo tomar la decisión" de no recurrir la sentencia, por lo complicado de su ejecución, pero ha recalcado que "tiene que pesar ante todo la atención al interés general, la responsabilidad y el vínculo hacia el principio de legalidad", añadió en Mérida esta mañana.
El consejero manifestó que el Ejecutivo de José Antonio Monago desde "el minuto cero" empezó un proceso de regularización de todo el sector de radiodifusión y televisión en Extremadura, por lo que "muchas de las emisoras que ahora se declaran ilegales", al anularse su adjudicación, "han sido regularizadas en un trabajo ímprobo por parte del servicio correspondiente, que ahora queda absolutamente en nada".
