La construcción de los nuevos hospitales de Don Benito y de Cáceres, y la aprobación de distintas leyes de carácter social, como la Ley de Renta Básica Extremeña, una nueva ley de Servicios Sociales o la Ley de Mediación Familiar, son algunos de los principales proyectos de la Consejería de Salud y Política Social aprobados en el pasado Consejo de Gobierno Extraordinario celebrado en Cáceres.

El consejero de Salud y Política Social, Luis Alfonso Hernández Carrón, ha explicado las diferentes medidas que desarrollará su departamento, entre las que figura el establecer fórmulas de colaboración público-privada para que el hospital de Don Benito-Villanueva y el nuevo centro hospitalario de Cáceres estén construidos y a pleno funcionamiento a lo largo de la presente legislatura.

Hernández Carrón destacó que se trata de una fórmula de colaboración utilizada en países como Suecia o Portugal, en la que se externalizan algunos servicios que no afectan a la asistencia sanitaria, y añadió que estos hospitales requieren una rápida intervención, el de Don Benito porque ya tiene 40 años, y hay que hacerlo nuevo, y el de Cáceres porque sólo está ejecutado al 50%.

TOPES PARA EL PAGO DE LOS MEDICAMENTOS DE PENSIONISTAS

Otro de los acuerdos del Consejo de Gobierno fue la creación de un módulo informático que permitirá que los pensionistas extremeños no tengan que adelantar dinero por sus medicamentos cuando alcancen el tope establecido, lo que servirá tanto para las recetas electrónicas como para las manuscritas, siendo el único requisito para los usuarios presentar su correspondiente tarjeta sanitaria.

El consejero explicó que los pensionistas extremeños que han pagado dinero de más por sus medicamentos desde la entrada en vigor de la nueva prestación farmacéutica el pasado mes de julio, recibirán la devolución de estas cuantías a comienzos de 2013, cuando ya quedarán establecidos los topes en función de los ingresos de los pensionistas, por lo que no se volverá a pagar de más.

REQUISITOS SANITARIOS PARA PEQUEÑAS EMPRESAS ALIMENTARIAS

Por otra parte, el consejero de Salud indicó que, partiendo de la legislación europea vigente, el Gobierno extremeño pretende flexibilizar los requisitos sanitarios que se exigen a las pequeñas empresas alimentarias, ya que muchas están ligadas al turismo rural y a la producción artesanal y, debido a las estrictas normas que se les exigen para desarrollar su actividad, algunas operan en la clandestinidad, con el consiguiente riesgo sanitario para los consumidores.

Hernández Carrón dijo que esta medida es muy importante y explicó que con la nueva normativa, de la que ya se benefician empresas similares de la comunidad de Madrid, de Navarra, de Francia y de Holanda, se podrá reactivar una economía basada en la producción y venta directa de carnes, lácteos y frutas, a la que en condiciones normales se le exigen grandes inversiones.

NUEVAS LEYES DE CARÁCTER SOCIAL

Además, Extremadura dispondrá el próximo año de una importante batería de leyes de carácter social , entre las que destaca la Ley de Renta Básica de Extremadura, según informó el consejero, ley que requerirá un amplio consenso en el Parlamento extremeño y que permitirá satisfacer las necesidades básicas de subsistencia y favorecer la integración social de las personas más desfavorecidas.

El titular de Salud y Política Social explicó que se trata de una ley muy amplia en la que los distintos grupos políticos deben ponerse de acuerdo respecto a las cuantías de las ayudas y resaltó que en una situación de crisis como la que se vive actualmente el Gobierno "tiene la obligación de ponerla en marcha cuanto antes".

Otra de las leyes cuya elaboración está prevista es la nueva Ley de Servicios Sociales de Base, ya que la actual data de 1987, y precisa "una profunda revisión", según indicó Hernandéz Carrón, para actualizar las prestaciones y evitar duplicidades.

La nueva normativa pretende establecer una cartera de servicios sociales que equipare a Extremadura con el resto de comunidades autónomas, y la misma necesitará igualmente un amplio consenso porque afectará a competencias de ayuntamientos, comunidad autónoma y Gobierno central, señalo el consejero.

La Consejería de Salud y Política Social tiene previsto también elaborar en 2013 una Ley de Mediación Familiar, que establezca una fórmula adecuada para la resolución de los conflictos familiares, que permite alcanzar acuerdos beneficiosos sin tener que recurrir a los tribunales, ya que, según explicó Hernández Carrón, Extremadura es una de las pocas comunidades que no dispone de una ley de este tipo.