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Profesionales del ámbito de la discapacidad y la justicia se han reunido hoy en Mérida para analizar el desarrollo del modelo de apoyos a las personas con discapacidad que recoge el artículo 12 de la Convención de Naciones Unidas.

Dicha convención, jurídicamente vinculante, obliga a los gobiernos a legislar para mejorar y promover los derechos de los discapacitados, en particular su acceso a la educación y empleo.

Asimismo, garantiza la igualdad del derecho a poseer y heredar la propiedad, controlar los asuntos financieros y el acceso a préstamos bancarios y créditos e hipotecas.

Para evaluar esta capacidad jurídica de los discapacitados, el Observatorio Estatal de la Discapacidad y la revista "El Siglo" han organizado la Jornada "Capacidad jurídica y discapacidad: de la sustitución de la capacidad al modelo de apoyos", que se celebra en el Palacio de Congresos de Mérida.

A la inauguración han asistido el presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), Jesús Gumiel;, el presidente de la Fundación para la Promoción y el Apoyo de las Personas con discapacidad (FUTUEX), Francisco Valverde; y el director gerente del Servicio de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia en Extremadura (SEPAD), Juan Carlos Campón.

Este último ha calificado de "verdadera revolución" pasar de un modelo proteccionista a otro en el que se otorgan derechos a los discapacitados, lo que implica la modificación del Código Civil y un "importante debate social".

Así, Campón ha manifestado que se trata de que los discapacitados puedan seguir tomando sus propias decisiones y de reflexionar sobre qué supone el artículo 12 de la Convención de Naciones Unidas.

Por su parte, Gumiel ha recordado unas palabras de Nelson Mandela contra la discriminación de las personas negras y ha explicado que, cuando éstas no se confundan con la discriminación que padecen los discapacitados, se habrá logrado la igualdad de derechos en este sentido.

Además, ha matizado que este modelo de plena ciudadanía choca con muchos intereses, pero pasar del paternalismo a la conquista de derechos es "lo más solidario y justo posible", ha añadido Campón.

A la jornada, a cuya inauguración también han acudido la subdelegada del Gobierno en Extremadura, Yolanda García; y la concejala de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Mérida, Carmen Yáñez, asisten durante todo el día de hoy en torno a 400 personas del movimiento asociativo y jurídico, como abogados, jueces o fiscales


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